El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha mantenido una intensa agenda en las últimas semanas con dirigentes y foros europeos, con quienes ha abordado algunos de los asuntos más importantes para el futuro de la Comunidad. La agricultura, la despoblación y, sobre todo, el futuro de la automoción y la necesidad de una transición «justa y equitativa» hacia la nueva movilidad han ocupado al representante del Gobierno castellano y leonés.
García-Gallardo ha vuelto de Europa esperanzado en poder «crear una conciencia colectiva que permita rectificar algunos errores cometidos en el camino hacia la electrificación del automóvil». Precisamente en este aspecto trabajó durante la creación de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción (ARA), celebrada esta misma semana en Alemania. El vicepresidente explica que trasladó la voz de la Junta de Castilla y León y de la industria, con quienes se han reunido y a quienes apoyan desde la administradción autonómica.
«Lo que nos está la industria es que para una transición justa y equitativa debe ser mucho más prudente y sosegada de lo que está haciendo ahora la UE. Prohibir los motores de combustión convencionales para 2035 es una decisión incorrecta», insiste el vicepresidente, que sin embargo es realista y reconoce que no existe una postura homogénea entre los diferentes miembros de este grupo de trabajo, por lo que la Declaración de Leipzig fue genérica.
Eso sí, García-Gallardo no quiere rendirse y en las próximas reuniones, la siguiente será el próximo año en Navarra, seguirá trasladando la necesidad de una «transición lenta y pausada para que pueda ser justa y equitativa». En estos momentos no existen las condiciones para que a partir de 2035 dejen de venderse vehículos de combustión, según afirma el vicepresidente, quien concreta que, por ejemplo, en Castilla y León no existe una red de recarga suficiente para poder realizar un viaje largo con un coche eléctrico.
Apoyado en lo que les ha transmitido la industria, se reafirma en que las administraciones deben facilitar la transición, pero sin dejar a nadie atrás y para ello hay que evitar medidas prohibicionistas.
«Hay que ser muy realistas y conscientes de la realidad en la que estamos, en España se emite una parte minima de las emisiones de CO2 a nivel mundial, creo que está en el 0,7 o 0,8. Hacer que los burgaleseses, palentinos o zamoranos se desprendan de sus vehículos de más de 10 años como ha dicho algún dirigente político nacional esta misma semana lo consideramos un error», asegura.
Conquista social.
Durante su participación en la creación de la ARA, donde mantuvo largos encuentros con representantes de Baden-Wurtemberg y con Lombardía, el vicepresidente defendió la conquista social que supuso para la clase trabajadora europea la posibilidad de adquirir un vehículo.
«A las personas les ha costado muchos años y mucho progreso económico y social para aspirar a tener un coche en propiedad y forzar una transición hacia el vehículo eléctrico va a impedir que muchos ciudadanos puedan tener un vehículo, que nosotros consideramos que es una conquista que debemos proteger», recalca García-Gallardo, quien concluye manteniendo la esperanza de que se escuche a los ciudadanos y a la industria.