La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Virginia Barcones, subrayó hoy que el PSOE se opondrá a la futura Ley de Transparencia si el borrador del anteproyecto no cambia “radicalmente” en relación a la publicidad activa. No en vano, precisó que el texto con el que trabaja la Junta de Castilla y León contempla pasar de menos de 50 entidades del sector público obligadas a más de 5.000 sujetos afectados. Además, pasa de once obligaciones de publicidad activa, adicionales a la ley estatal, a más de 75.
Durante su intervención durante la comparecencia del comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, para presentar la Memoria Anual de la institución durante 2020, se preguntó si quien ha elaborado este proyecto de ley conoce la realidad de Castilla y León. “Es imposible por que el texto está superalejado de la realidad de la Comunidad. Piensan que los ayuntamientos no colaboran con el ciudadano y el Comisionado de Transparencia por que no quieren”, sentenció.
Barcones recordó, según recogió la Agencia Ical, que la propia memoria del Comisionado recoge que un cambio “tan radical” en la legislación autonómica de transparencia, acompañado de un régimen sancionador “exigente”, precisa de medidas organizativas, institucionales y transitorias que garanticen una implantación “real” de la futura ley. También, mencionó que es consciente de la disposición de recursos materiales y humanos “muy limitada”.
La viceportavoz socialista señaló con qué recursos van a poder hacer frente las entidades locales, sobre todo las pequeñas, a la demanda de información. “El incremento de las obligaciones no se puede abordar sin ningún tipo de financiación”, precisó. Además, advirtió que, jurídicamente, no hay nada más peligroso que aprobar normas a sabiendas que los sujetos destinatarios no van a poder cumplirlas. “Hablamos de imponer multas de un régimen sancionador por obligaciones que serán de imposible cumplimiento, lo cual desvirtuará todo el objetivo que tendría que tener esta modificación de la ley”, significó.
Barcones manifestó que está por ver si el proyecto llega a entrar al Parlamento en esta legislatura, que además no cuenta con el apoyo de los propios ayuntamientos. “Qué bonito es, a mayor gloria de la Junta que cuenta con todos los medios, legislar sin tener en cuenta la realidad de Castilla y León”, concluyó.