En materia de derechos y deberes constitucionales, nos dice nuestra Ley de leyes que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Es una forma de señalar que la defensa de la Constitución, como identificación con los derechos y deberes, los valores y principios éticos, políticos y jurídicos, de todos, en suma de opciones democráticas de verdad, no de las condenadas por la memoria histórica europea, nazismo y comunismo (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa (219/2819/RSP). Nos corresponde a todos, como titulares de la soberanía nacional, en nuestra sociedad nacional: el Estado Social y Democrático de Derecho que nos hemos entregado para respetar los principios y valores humanos, sociales, jurídicos y políticos que hacen posible una sociedad de todos para todos. 
Esta defensa y promoción de nuestras reglas para la convivencia nos ha puesto a nuestro alcance una Constitución progresista, que sí, que lo dicen hasta los constitucionalistas más autorizados, y con la que hemos funcionado con gobiernos de distintos programas ideológicos y políticos. Hemos comprobado y aprendido con nuestra experiencia en la historia de la convivencia, las lecciones que supone no caminar bajo la luz del respeto de la integridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Cuantos fuimos votantes de la Constitución para herencia de nuestras nuevas generaciones, en la paz social y en el estudio de las lecciones de la filantropía para hacer real y práctica la convivencia en una sociedad decente. 
El camino más seguro es el que nos conduce con la guía de una norma constitucional, de las más duraderas en nuestra historia de vaivenes conservadores y progresistas: ya vamos por una edad interesante de 43 años y con Monarquía parlamentaria. La experiencia adquirida con los hechos, con la práctica de las etapas políticas de gobierno, nos da cuenta de la importancia del respeto del ordenamiento jurídico en la defensa del Estado: la realidad de respirar aires de libertad legal, nos ha dado a conocer la acción social y política de los distintos gobiernos y cambios en las generaciones de nuestra sociedad, evolutiva como la vida misma.
El cumplimiento con los derechos y deberes constitucionales supone actuar con el respeto del ordenamiento jurídico para que la Libertad y la seguridad, la promoción del bien de la soberanía nacional de todos los ciudadanos, sean reales, como manifestación de nuestra voluntad constituyente y evolutiva, en herencia para que las reglas de la convivencia democrática, dentro de la Constitución y de las leyes sean garantía de un orden económico y social justo. 
Siguiendo con el preámbulo constitucional, somos ciudadanos soberanos, en un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Es una herencia constituyente, evolutiva, y propiedad de cada ciudadano, que debería ser más estudiada y difundida para conocer nuestro patrimonio constitucional y político, como norma que se impone a los poderes públicos y a los ciudadanos soberanos: para proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Es un programa que marca el trabajo a desarrollar con, en, y dentro de la Constitución, para desarrollar su presencia en nuestro Estado Autonómico como parte del plan político constituyente de la promoción del progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 
Estamos en preámbulo, en el afán constituyente de cada día para establecer una sociedad democrática avanzada, y capaz de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra, Preámbulo que las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica en nuestra Constitución. Los derechos de autor de todos y cada uno de los ciudadanos españoles para mantener viva la Constitución de España y de los españoles. 
Es la experiencia de una convivencia amparada por la norma vital del consenso político, del encuentro en la historia sin olvidarla para no repetirla, en la comprensión de la fuerza del camino de la ley a la Ley, del derecho y deber constitucional del respeto de la dignidad de la persona en la convivencia, de la vida por vivir más digna y social, amparada por la ley de la justicia social, preámbulo de todo lo demás.