Volver a sentarse en el banquillo de los acusados. Ese es el escenario que se abre otra vez para los exjefes de ETA que se encuentran cumpliendo condena en Francia.
La Audiencia Nacional decidió ayer impulsar la causa seguida contra la cúpula de la banda terrorista por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004 y planteó la posibilidad de solicitar a las autoridades francesas la entrega de Garikoitz Aspiazu Txeroki, Mikel Carrera Sarobe Ata y Aitzol Iriondo Yarza Gurbitz.
En un auto del pasado miércoles, los magistrados de la Sección Segunda dan traslado a la Fiscalía de que Francia ha autorizado ya enviar a Txeroki desde el 20 de agosto hasta el 20 de octubre de este mismo año para que sea enjuiciado por la explosión de un coche bomba en Bilbao en 2005.
Así las cosas, la Sala se dirige al Ministerio Fiscal antes de solicitar a las autoridades galas la entrega de los citados exjefes etarras, que están encarcelados en Francia. El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, Juan Pablo González, procesó a los tres dirigentes además de a José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, archivando la causa seguida contra Aitor Elizaran.
Las pesquisas se iniciaron en julio de 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA. Unos años más tarde, en 2018, la magistrada Carmen Lamela concluyó el sumario que incoó y procesó a Ata, Gurbitz y Txeroki por crímenes de lesa humanidad, proponiendo juzgarles por los asesinatos cometidos desde 2004.
La juez concluyó esa parte de la investigación tras tomar declaración a los tres miembros de la cúpula de ETA, quienes cumplen condena en Francia. No así respecto de Josu Ternera, a quien no se pudo comunicar su procesamiento en la causa al encontrarse en busca y captura en ese momento.
El magistrado González advirtió en su auto que los exjefes de la banda fueron los ideólogos de las acciones criminales, recogió siete atentados mortales cometidos por ETA desde el año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal, y les imputó un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en el aeropuerto de Barajas en 2006; el exconcejal socialista, Isaías Carrasco, en la localidad guipuzcoana de Mondragón en 2008; el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de ese año; y el brigada Luis Conde en Santoña.
También atribuyó a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.
El juez instructor atribuyó siete delitos de asesinato a Ata, seis a Iriondo, cinco a Txeroki, cinco a Elizaran y dos a Josu Ternera, que estuvo al frente del aparato político de ETA entre 2005 y 2007 en unión del fallecido Francisco Javier López Peña, Thierry. También les impuso fianzas por responsabilidad civil por siete millones de euros a Ata, seis a Gurbitz, cinco para Txeroki y dos millones a Josu Ternera.