El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda a las nueve diputaciones provinciales la gestión directa de la recaudación de tributos, ya que solo existe este órgano en tres de ellas, donde saca los colores a la de Ávila por abusar de la externalización en servicios propios. Además, ve que la recaudación en fase ejecutiva es «muy baja» en todas, alerta del «alto grado de créditos» que se declaran «incobrables» y evidencia la alta deuda de ejercicios anteriores.

Así lo manifestó el presidente del órgano de control, Mario Amilivia, en la presentación del informe de eficacia y eficiencia de gestión recaudatoria de las diputaciones, un análisis «pionero», que se valoró por los portavoces de los grupos que intervinieron en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, a los que también les «llamó la atención» el caso de Ávila, que defendió el PP ante un aumento en la recaudación. 

El presidente del Consejo de Cuentas defendió que se ha puesto luz en la advertencia de dos cuestiones de legalidad a las diputaciones de Ávila y de Burgos, a ésta por la colaboración de entidades financieras en la recaudación, y anotó que el aviso de alto grado de créditos sin cobrar, aunque no lo dice el informe, «está en la mente de todos» que puede llevar a «una responsabilidad contable». 

«Este informe va a poner luz donde no la había, sostuvo Amilivia, en relación a la baja recaudación en vía ejecutiva, inferior al 30 por ciento, si bien destacó la colaboración de las diputaciones al aportar datos al Consejo de Cuentas para esta fiscalización. También, destacó que el 95 por ciento de los ayuntamientos delegan en las diputaciones la recaudación, por lo que sin ellas «no habría municipalismo», una «seña de identidad de la Comunidad. 

En la presentación del informe, Amilivia se centró en las recomendaciones y conclusiones, donde se pide que el Pleno de las de Ávila, Burgos, Palencia y Segovia debería aprobar una ordenanza general específicamente reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales delegados. En el caso de Burgos, dicha regulación debe incluir la relación con las entidades financieras colaboradoras, teniendo en cuenta el carácter no retribuido de esta colaboración.

A todas, excepto Salamanca, se recomienda que el órgano de recaudación incremente las actuaciones y procedimientos de verificación y comprobación tributarias. En las de Ávila, León y Segovia debería mejorarse el grado de recaudación en periodo voluntario de los impuestos ya que, con carácter general, se sitúa algo por debajo de la media.

También, el Consejo recomienda que en todas las diputaciones el órgano de recaudación debería mejorar la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en ejecutiva, y que en el caso de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid estas deberían incrementar la eficacia de la gestión recaudatoria promoviendo el aumento de ingresos mediante la repercusión de las costas del procedimiento de apremio a los obligados tributarios.

Finalmente, subrayó que las diputaciones de Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, conforme a una adecuada metodología de costes, debería vigilarse el binomio coste/rendimiento del servicio de gestión tributaria y recaudación, a los efectos de controlar que la tasa establecida, apoyada en un estudio económico, no rebasa dicho coste.