Dos meses de plazo para tratar de encontrar una solución al problema del autobús del Tormes y el Corneja. Esa es, a grandes rasgos, la principal conclusión de la reunión mantenida este martes entre el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y miembros de la plataforma 'Autobús Ya', el colectivo que se constituyó hace tres años y medio para luchar por la recuperación del servicio regular de viajeros perdido en las comarcas de El Barco de Ávila y Piedrahíta tras el cambio de concesión materializado en agosto de 2018. Una reunión que había surgido a propuesta del nuevo subdelegado hace unas semanas pero que fue aplazada por la evolución de la sexta ola de la pandemia, y que se reactivó hace unos días coincidiendo con el malestar surgido en la plataforma por las siete sanciones impuestas a miembros de este colectivo por unos incidentes ocurridos en Piedrahíta el año pasado de los que se desvinculan.
Según detallaron desde la plataforma al término del encuentro, el subdelegado les explicó que se encontraba «en contacto directo» con la Dirección General de Transporte y que estaban «en vías de encontrar una solución para recuperar la mayor parte de paradas y frecuencias» y poder mejorar así el servicio, para lo que se dio un plazo de «uno o dos meses» y quedó en ser el interlocutor. Una de las portavoces del colectivo señaló que Galeano no quiso entrar a profundizar en lo que se estaba negociando porque todavía no había nada confirmado. «Las sensaciones son positivas, en principio, pero a ver en qué queda todo», se valoró.
Tal y como estaba previsto, además de la situación general del transporte actual, minimizado respecto a las paradas y frecuencias que había antes del cambio de la concesión en la relación con Ávila y Madrid y entre los pueblos de la zona, en la reunión también se abordó el «malestar» surgido en la plataforma por las sanciones notificadas a siete miembros de la plataforma por los incidentes ocurridos durante una protesta. En este sentido, el subdelegado les instó a recurrir las multas (dos por persona) y se comprometió a estudiar atentamente las alegaciones.
Los hechos que motivaron las sanciones, por un importe total de siete mil euros, se remontan al verano pasado, cuando en el transcurso de la convocatoria de un «acto simbólico» de protesta en la comarca varios ciudadanos ocuparon la vía de servicio e interrumpieron el tráfico en Piedrahíta, unos hechos que desde la plataforma afirman que no solo no alentaron (los sancionados no estaban allí) sino todo lo contrario, al advertir antes que no se invadiera la carretera.