Casi un millar de personas se dejaron la vida por el camino en su intento por llegar a España durante los primeros seis meses de este año. Una media de cinco migrantes murieron cada día en ese intento, sumando un total de 978 víctimas, y así lo denunció esta pasada semana el informe Derechos a la vida, presentado por el colectivo Caminando Fronteras.

De esos casi 1.000 fallecidos, calcula la organización, 938 perecieron en las rutas marítimas -la canaria, la del Estrecho, la del mar de Alborán y la argelina- y 40 más en el intento de cruzar la valla de Melilla del pasado 24 de junio, 37 durante el salto y tres en los días posteriores. Del total, 118 eran mujeres y 41 menores.

No obstante, el 87,8 por ciento de las víctimas están desaparecidas, pues no se pudo recuperar su cuerpo, y 18 embarcaciones se perdieron en alta mar con todas las personas que iban a bordo.

La ruta más mortífera fue la canaria (800 decesos y 28 naufragios), seguida por la argelina (101 y 11), la del mar de Alborán (35 y tres) y la del Estrecho (dos y dos).

Aunque la del Estrecho, del Alborán y la argelina sean menos transitadas, el riesgo aumenta debido a la omisión del deber de socorro de las autoridades, denuncia también el informe.

«Los medios no se activan, o se hacen muy tarde en lo que concierne a las embarcaciones alertadas. Esto sucede sobre todo en Alborán, Baleares y en los rescates de la zona Atlántica coordinados por Marruecos», subraya.

Entre las negligencias, alerta en concreto de que no se despliegan los medios de búsqueda con suficiente celeridad a pesar de tener la posición de las embarcaciones, ni los activos aéreos cuando hay personas en el agua. También destaca la ausencia de coordinación entre las autoridades españolas y los países fronterizos.

A lo largo del primer semestre de 2022, detalla, los meses que registraron mayor número de muertes y desapariciones fueron enero y junio, con 306 y 290 víctimas respectivamente.

Los migrantes -«que han recorrido el mundo para morir en las costas españolas», recalca el documento- provienen de 23 países diferentes entre los que destacan Argelia, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Burkina Faso, Bangladesh, Sri Lanka o Yemen.

Estas personas fueron expulsadas de su territorio, expone el informe, debido a los conflictos bélicos, el empobrecimiento agravado por el cambio climático y la falta de trabajo, la violencia machista y contra los colectivos LGTBI y la represión contra activistas de derechos humanos.

Un solo uso

Helena Malero, coordinadora de Caminando Fronteras, manifiesta que este balance refleja el «discurso belicista que ha aumentado la presencia militar en las fronteras» tras el estallido de la guerra en Ucrania y la renovación del pacto de buena vecindad entre España y Marruecos.

«La militarización ha sido determinada por el acuerdo entre el estado español y Marruecos, donde se han intercambiado reconocimientos de intereses territoriales y dotaciones económicas en contraprestación al bloqueo y represión de las personas en movimiento», refleja el estudio.

Entre esas herramientas de represión, Malero destaca las detenciones arbitrarias, el uso sistemático de la fuerza, la discriminación racial, las expulsiones colectivas y la violencia específica contra las mujeres y los menores.

«En Ceuta y Melilla se están violando los derechos humanos de forma transnacional por la manera en la que se trata a los solicitantes de asilo y a los migrantes infantes. Todos ellos están sirviendo de moneda de cambio», sentencia.