Al borde del colapso. Así es como se encuentran los juzgados españoles como consecuencia de la huelga que iniciaron el pasado 24 de enero los letrados de la Administración de Justicia para reclamar mejoras salariales y laborales. Después de casi cuatro semanas de parón, la actividad en los tribunales se ha recortado un 60 por ciento, lo que se traduce en 152.000 vistas suspendidas y unos 560 millones de euros que han quedado bloqueados, pendientes de entrega.
Al Gobierno le urge desactivar cuanto antes esta movilización, por lo que el Ministerio de Pilar Llop se reunió ayer con el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en el que fue el primer encuentro entre las dos partes desde el inicio de las protestas.
Ambas partes acudieron a la cita con la firme intención de acercar posturas, después de que los antiguos secretarios judiciales hayan esperado «casi un mes» a que se les «escuchara», según denunció Carlos Artal, miembro de la delegación de huelga.
Pese a sus discrepancias, tanto Justicia como las asociaciones convocantes del paro se muestran dispuestas a negociar.
La ministra Pilar Llop manifestó el pasado miércoles en el Congreso que está «abierta a un diálogo honesto», aunque precisó que el de los letrados es «uno de los cuerpos que mayor subida retributiva ha tenido en esta legislatura».
También los funcionarios expresaron la «predisposición de solucionar el conflicto» de sus representantes, llegados a Madrid para esta reunión desde Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Alzira (Valencia) y Vigo (Pontevedra).
En la víspera de este encuentro, el seguimiento de la huelga creció hasta el 80 por ciento, según los datos que expusieron los propios letrados y hasta el 28,15 según los que maneja Justicia.
En la arena política
Las principales reivindicaciones de los funcionarios son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 por ciento respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
En concreto, el conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Señalan como «detonante» el acuerdo firmado por Justicia en 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales» prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de los Presupuestos Generales del Estado.
A medida que la huelga ha impactado en el normal funcionamiento de juzgados y tribunales, ha comenzado a llamar la atención de los partidos políticos.
Así, el Partido Popular ya interpeló a la ministra Llop y Ciudadanos registró una pregunta parlamentaria para saber «cómo piensa el Ministerio de Justicia solucionar» el conflicto que mantiene con los Letrados de la Administración.