La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) de Ávila ha advertido que el protocolo establecido por la Consejería de Agricultura y Ganadería tras la detección de los focos de lengua azul en una explotación de Ciudad Rodrigo y posteriormente en una explotación de Sotoserrano, está ocasionado un aumento de costes vinculados al traslado y a la vacunación obligatoria en caso de tenerse que realizar con un veterinario privado, así como grandes inconvenientes burocráticos a los ganaderos de las comarcas afectadas.
De esta forma, explican que los ganaderos de zonas restringidas (que en el caso de la provincia de Ávila son los de Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila, El Barraco, Candeleda, Cebreros, Navarredonda de Gredos, Navaluenga, Piedrahita y Sotillo de la Adrada) están obligados, para el movimiento de animales a mataderos o para vida, a aportar un certificado de un veterinario de inexistencia de síntomas de lengua azul y uno de desinsectación del vehículo en las 48 horas previas a la carga. Estos certificados deben ser realizados por un veterinario privado, «lo cual está suponiendo un coste extra a los ganaderos, así como un incremento de la burocracia, en un momento de difícil situación para el sector que agrava aún más la ruina de este sector».
Del mismo modo, insisten en que el protocolo establece que los ganaderos que quieran agilizar la vacunación obligatoria para poder tener libertad de movimientos, pueden contratar un veterinario privado para vacunar a sus animales, cuyo coste debe ser asumido por el propio ganadero. «La administración solo cubre el coste de la vacuna, pero no así la de los servicios», apuntan.
Por este motivo, UCCL pide que dentro de la zona de restricción declarada por la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuando se haga un movimiento de animales a matadero, «no sea obligatorio aportar ningún de los certificados solicitados, para ayudar por un lado a disminuir la burocracia y por otro, a reducir los costes que están asumiendo los ganaderos».
En caso de ser necesarios aportar dichos certificados, UCCL reclama que los costes extras en ningún caso deben ser asumidos por los propios ganaderos, «sino que debe ser la administración que corra con todos los costes adicionales mediante un sistema de compensaciones o que sean los veterinarios oficiales quienes los tramiten, cosa que actualmente no se está produciendo».
Igualmente, UCCL insta a la Consejería que, siempre que sea posible, se ofrezca a los ganaderos la posibilidad de hacer la vacunación obligatoria junto con las campañas de saneamiento ganadero de tuberculosis bovina, que evite tener que meter a los animales afectados tres veces por las mangas de manejo.
Por último, la organización agraria recuerda que se mantendrá alerta en el proceso de vacunación, para que en caso de que se produzcan daños en las explotaciones, por posibles efectos secundarios que se produzcan en ganado ovino o vacuno, se habilite un sistema de compensación por parte de la Administración para compensar las pérdidas.