El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención que supera el medio millón de euros, concretamente 535.490 euros para financiar durante el curso 2018-2019 los gastos generados por la escolarización de los alumnos de este centro arevalense, informó la Junta de Castilla y León. En total se han aprobado subvenciones por un importe máximo de 1.808.305 euros para sufragar los gastos generados por la escolarización de los alumnos de 5º, 6º y de Educación Secundaria Obligatoria, conforme al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede. De esta aayudas se van a beneficiar un total de 738 alumnos de 11 centros de Castilla y León.
El importe de las cuantías que la Administración educativa autonómica destina a financiar el sostenimiento de los Seminarios Menores Diocesanos y de Religiosos de la Iglesia Católica en Castilla y León viene determinado de acuerdo con el módulo económico por unidad escolar para centros concertados que se aprueba para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.
De este modo, además del Seminario Menor arevalense también se benefician, el Seminario Menor San Gabriel de Aranda de Duero, en Burgos, 206.510 euros; el Seminario Menor San José de Burgos, 20.150 euros; el Seminario Menor Don Bosco de Armunia, en León, 246.045 euros; y el Seminario Menor Nuestra Madre del Buen Consejo de León, 171.290 euros. Asimismo, el Seminario Menor San Jerónimo de Alba de Tormes, de Salamanca, percibirá 188.810 euros; el Seminario Diocesano San Cayetano de Ciudad Rodrigo, en Salamanca 42.525 euros; el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán de El Burgo de Osma, de Soria, 12.200 euros; el Seminario Menor Diocesano de Valladolid, 49.175 euros; el Seminario Sagrada Familia de Valladolid, 228.930 euros; y el Seminario Menor San Atilano de Zamora, 107.180 euros.
La colaboración en la financiación de los gastos generados por la escolarización del alumnado de todos aquellos seminarios que estén autorizados como centros docentes privados es consecuencia del derecho que tienen reconocido por el Acuerdo firmado el 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de febrero de 1994, de percibir una subvención en función del número de alumnos que escolaricen.