Silencio en público y malestar en privado. Así se resumen las reacciones del sector eléctrico a la propuesta de reforma del mercado energético europeo que ha planteado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una iniciativa cuyo texto tiene como autora intelectual a la, como aseguran en La Moncloa, «experta independiente» Natalia Fabra. Profesora de la Universidad Carlos III, que es también consejera de una empresa gasista y asesora del departamento de Ribera, dualidad que abre la puerta a las dudas sobre su objetividad.
Para el sector, se trata de una reforma «contaminada» en su conjunto y «contaminante» en la realidad, que implicará, además, una desaceleración de la transición verde. Serán las arcas del Estado las que asumirán de facto las principales inversiones, pero esto llevará a la incertidumbre empresarial por los cambios de Gobierno y las crisis políticas que puedan darse.
Asimismo, fuentes del sector destacan que la propuesta llega «sin ningún consenso» y resaltan que el trámite se ha elaborado «por la puerta de atrás». Por ello, varias asociaciones de energías renovables en España y también a nivel europeo han lanzado comunicados alertando del fortísimo impacto que podría tener en la transición energética y el freno a la implantación de renovables.
Destacan en sus escritos estas entidades que la autora intelectual de la propuesta sea una consejera de Enagás, «una empresa que solo entre el tercer trimestre de 2021 y el de 2022 aumentó sus beneficios un 15 por ciento gracias a la coyuntura internacional y con una forma de energía contaminante».
Aunque la iniciativa será sometida a un debate de conjunto en Bruselas, aseguran que en los términos en que ha sido redactada tendría consecuencias negativas. Los expertos advierten que esto se debe a «las prisas electorales» y aseveran que no cabe la menor duda de que «hay presión ideológica del sector más radical del Gobierno». Según algunos operadores, la reforma llevará al control público por parte del Ejecutivo, eliminando el mercado único europeo.
En esta línea, la asociación AELEC manifestó que la propuesta no presenta memoria económica, ni impacto para los inversores o para la industria, como tampoco análisis legales, de tal manera que cada uno de los socios defenderá los intereses de sus inversores y clientes con contratos a largo plazo con todos los medios a su alcance.
"No será más barata"
El análisis a fondo de la reforma deja unas bases claras que los expertos en energía aseguran «no se podrán cumplir». En primer lugar, afirman que la excepción ibérica, una de las medidas que puso en marcha el Gobierno para supuestamente reducir el precio de la electricidad, ha encarecido en realidad el coste de los contratos a precio fijo y ha regalado energía a los países vecinos, provocando una gran incertidumbre en las facturas de la luz.
Además, la reforma implica que no se pagará la energía renovable a su precio justo. «El 70% está vendida y no pasa por el pool y no cobra ese precio de gas. Es más, gracias a las renovables, con el sol, el agua y el viento como grandes aliados, el coste de estos días de borrascas se han desplomado», aseveran los especialistas, que recuerdan que «si hubiera una aceleración de las renovables, esto sería la normalidad».
Así, el sector eléctrico no oculta su malestar, un rechazo que empieza a mostrarse también en el resto de Europa.