El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, presentó este miércoles el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social, en un acto en el que se contó con la presencia de una representación de las 328 entidades que conforman el tercer sector en la provincia de Ávila a los que se dio a conocer este documento, con el que la Junta quiere “reconocer su aportación a la sociedad” y a los que se invitó a que participen en su elaboración. El texto se ha publicado en la web de Gobierno Abierto y hasta el 5 de marzo se pueden presentar alegaciones.
Hernández Herrero, que defendió que es un anteproyecto “ambicioso y vanguardista”, realzó el “papel preponderante” que juega el tercer sector “no solo en cuanto a representación y defensa de los intereses de los usuarios, de personas con discapacidad, de mayores, de infancia, de personas que sufren desigualdades sociales, sino que estamos hablando de entidades que a través de la concertación, de la interlocución, colaboran en el despliegue y en la consolidación de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León”.
El delegado de la Junta defendió que “Castilla y León es una Comunidad líder en atención a dependientes” y “uno de los pilares del Gobierno de Fernández Mañueco son los servicios servicios y el área de Familia e Igualdad de Oportunidades”, y precisó que “esta ley lo que viene a representar, sin duda, es un guiño, un reconocimiento a la enorme labor que desempeña el tercer sector”.
A su vez, precisó que “el tercer sector está obligado también a tener una homologación normativa, y se establece una regulación muy amplia, afortunada a mi punto de ver, en cuanto a sus derechos, a sus obligaciones y en cuanto a la posibilidad de relacionarse con la administración pública y prestar servicios concertados”.
Otro de los capítulos que recoge este proyecto, y que destacó el delegado territorial, es el dedicado al voluntariado, “que juega un papel muy importante en las entidades del tercer sector y es necesario que tenga una regulación moderna”. En este sentido, preciso que esa regulación recogerá “a los menores de edad, al voluntariado tecnológico y no debe dejar lugar a ningún tipo de duda en cuanto a lo que es una relación laboral de una persona que trabaja en una entidad del tercer sector respecto a un voluntario”.
Hernández Herrero precisó que el tercer sector en el conjunto de Castilla y León aglutina a unas 3.000 entidades (328 en la provincia de Ávila), de las que el 50 por ciento atienden a personas mayores, a continuación se sitúan las entidades que prestan sus servicios a personas con discapacidad, después las de atención a infancia y finalmente, las que se centran en personas en riesgo de vulnerabilidad. Y recalcó que “estamos hablando de la atención a través de residencias, de los centros de día, de recursos públicos y privados que hacen que, sin duda, los servicios sociales tengan la consideración de derechos en Castilla y León”. A su vez, insistió en que “esos más de 600 servicios que prestan estas 328 entidades conviene que estén perfectamente recogidos en la ley, lo están bajo nuestro punto de vista, y la reunión de hoy ha tenido unas aportaciones muy interesantes”.
Finalmente, se comprometió a que en el desarrollo posterior de la Ley, una vez aprobada, se pueda seguir con este foro de “intercambio de pareceres” porque, “al final, nadie mejor que las entidades del tercer sector conocen la singularidad del colectivo al que representan”. Y destacó que, “una vez más, Castilla y León marca un hito en materia de servicios sociales”.