Los letrados de la Administración de Justicia de toda España iniciaron este martes nuevas jornadas de huelga por la mejora de sus condiciones laborales, una movilización que en la ciudad de Ávila secundaron cuatro de los once profesionales en activo (entre los juzgados, la Audiencia Provincial y el secretario coordinador provincial), algo menos de la mitad, aunque desde el colectivo se explica que los servicios mínimos se fijaron en cinco. Los próximos paros convocados son este miércoles y los días 14 y 15 de diciembre.

La llamada a la huelga viene de la mano del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), que convocaron la movilización «por dignidad, por justicia, y por igualdad» ante el «incumplimiento de los compromisos adquiridos por escrito por parte del Ministerio de Justicia» este mismo año, lo que propició que entonces se desconvocaron los paros previstos.

Según trasladan, entre las promesas olvidadas estarían actualizar el régimen retributivo de este cuerpo vinculándolo proporcionalmente al de la carrera judicial, mejorar el régimen de sustituciones,  el reconocimiento de planes concretos de actuación en entradas y registros y aprobar las relaciones de puestos de trabajo del Registro Civil, así como la adopción de un nuevo estatuto orgánico eliminando la necesidad de consolidar la tercera categoría.

De esta manera, en aquellos juzgados en los que se ejerció el derecho a la huelga fueron suspendidos juicios, subastas, comparecencias, lanzamientos, diligencias y en general todo tipo de actos procesales no incluidos en los servicios declarados esenciales conforme a la resolución de 28 de noviembre de 2022 del SGAJ.

Los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, son funcionarios públicos del grupo A1 que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional y que ejerce sus funciones con el carácter de autoridad. Entre otras competencias les corresponde el ejercicio de la fe pública judicial dejando constancia fehaciente de la realización de hechos con trascendencia procesal y organizan, inspeccionan y dirigen al personal de la oficina judicial.