Nadia Calviño tuvo ayer una tarea poco grata. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos debió calmar a una banca de uñas con el nuevo impuesto y convencerla de las bondades sociales de un gravamen con el que el Gobierno recaudará 3.000 millones de euros en los próximos dos años.
Al cónclave económico acudieron todos los grandes nombres, a excepción de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que delegó en su consejero delegado. Sí estuvieron presentes las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, las principales entidades financieras españolas y el gobernador y la subgobernadora del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y Margarita Delgado.
Calviño les anunció que el nuevo impuesto a la banca se aprobará a través de una proposición de ley que se negociará con los grupos parlamentarios y cuyos detalles se conocerán la semana que viene, antes de que finalice julio.
De este modo, el nuevo impuesto tendrá trámite parlamentario para incorporar «las mejoras más adecuadas» con el fin de conseguir el objetivo de recaudación, sin afectar de forma negativa al crédito ni a los ciudadanos, según recalcó la vicepresidenta primera.
En su afán de convencer a un sector que no comparte esta medida, subrayó que es «la decisión correcta» para repartir «los esfuerzos» que suponen el impacto de la guerra y de la elevada inflación. También indicó que el sector le ha trasladado el deseo de «no ser estigmatizado» y ser considerado una actividad que «contribuye a las demandas sociales y al crecimiento económico».
Siguiendo con el impuesto, explicó que uno de los retos de la reunión era trasladar a la banca las razones de imponer el nuevo gravamen, como el menor impacto del alza de los precios energéticos o la recuperación económica, o el previsible aumento de ingresos y beneficios del sector ante la subida de tipos en la eurozona.
«Creemos que es claramente el momento de arrimar el hombro y desde el Gobierno consideramos que el sector bancario puede y debe responder al impacto de la guerra», trasladó la vicepresidenta.
El impuesto, anunciado la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Debate sobre el estado de la Nación, tendrá carácter extraordinario y temporal, y tiene como objetivo recaudar 1.500 millones de euros al año entre 2023 y 2024.
También defendió ayer la aplicación del nuevo tributo el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y aseguró que el sector financiero español está «infragravado» respecto al resto de actividades económicas. Por su parte la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que no afectará al funcionamiento económico.