La tensión en el seno del Diálogo Social de Castilla y León se recrudece con el anuncio por parte de los sindicatos de clase de una denuncia penal contra el consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones, por tener parados más de cien millones de euros en ayudas para los desempleados, lo que consideran  un delito de prevaricación. Comisiones Obreras y la UGT dan un paso más en su confrontación con la Junta, centrada especialmente en este departamento comandado por Vox, y prepara una batería de acciones judiciales, viajes a Bruselas y un calendario de movilizaciones. «El Diálogo Social está finiquitado por su culpa», resumía el secretario regional ugetista, Faustino Temprano, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de CCOO, Vicente Andrés, para evaluar los «incumplimientos» del Gobierno autonómico dentro del modelo de concertación.

Junto a la denuncia penal contra Veganzones, ambos sindicatos se preparan para ir al contencioso administrativo, en este caso, contra el máximo responsable del Diálogo Social, Alfonso Fernández Mañueco; a la Organización Internacional del Trabajo (OIT); al Comité Europeo de Derechos Sociales; al comisario de empleo de la UE; y al Consejo Económico y Social comunitario, para que «toda Europa conozca los atropellos que se están produciendo aquí».

Al igual que en otras ocasiones, Andrés y Temprano marcaron diferencias entre las consejerías del PP y Vox, aplaudiendo a las primeras por alcanzar nuevos acuerdos y ejecutarlos, y arremetiendo contra las segundas –especialmente contra Empleo– por «estar haciendo un mal terrible a la Comunidad».

«Estamos preparados para aguantar los cuatro años. Más duró la dictadura», ironizaron antes de insistir en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es el «máximo responsable, y tiene toda la culpa y responsabilidad» de lo que está pasando, «por haber pactado con Vox». Un punto en el que retaron al mandatario autonómico a romper con los de García-Gallardo y nombrar un consejero de Empleo «que siga la senda de los acuerdos»

«Vamos a tomar todas las vías posibles para que se cumplan los acuerdos de un proceso de concertación», añadió Andrés, que recordó qué la consejería de Mariano Veganzones «ni se ha dignado a convocar las mesas, ni resoluciones ni convocatorias». «No somos sindicatos guerreros, pero si nos agreden nos vamos a defender», concluyeron los sindicalistas.

Respuesta del consejero

«No nos asustan las amenazas, máxime cuando no hay ninguna razón de base ni jurídica para ello», explicó el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, tras conocerse las intenciones de los sindicatos, y aseguró que el objetivo de CCOO y UGT es «intentar mover la opinión pública contra la Junta de Castilla y León en algo que ha sido coherente y beneficioso para los castellanos y leoneses». En este punto, el responsable laboral autonómico valoró que este año se ha batido el récord de políticas de empleo con 272 millones de euros, «un 20 por ciento más que en años anteriores».

Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mantuvo que «siempre tienen confianza en la justicia». Además, aseguró que en el Ejecutivo están «convencidos de que se podrán alcanzar nuevos acuerdos» con patronal y sindicatos en el seno del modelo de concertación. 

Un calendario de protestas de largo recorrido

Vicente Andrés y Faustino Temprano aprovecharon el acto para anunciar el calendario de manifestaciones y protestas contra los «incumplimientos» de la Junta en el seno del Diálogo Social. Ambos explicaron que han apostado por una «movilización por fases» que iniciarán con una manifestación el 27 de noviembre bajo el lema «Defendemos la democracia» y los epígrafes «igualdad, trabajo digno, sanidad, servicios públicos, medio ambiente y educación» a la que invitaron  a sumarse a todos los sectores de la sociedad castellano y leonesa.

«La democracia se defiende todos los días en la calle», reivindicaron los sindicalistas, que cargaron contra los «bulos» y contra los «mantras» de la «ultraderecha» por asegurar que los sindicatos sólo se movilizan por el recorte de subvenciones cuando: «A nosotros no nos han quitado un euro, pero sí a los parados y los vulnerables de Castilla y León». Tras la marcha del 27 de noviembre le seguirán otra cuándo se conozcan los presupuestos de la Junta para el año que viene, y el impacto de las políticas de Vox en los mismos. 

Unas movilizaciones ante las que el consejero de Empleo, MarianoVeganzones, señaló que «están en su derecho», y además «se dedican a ello». Sin embargo, apuntó que le gustaría que se manifestaran «contra las subidas del IPC y las políticas del Gobierno de subidas impositivas».