Tras rechazar por amplía mayoría el informe elaborado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía publico un nuevo borrador, que tendrá que ser ratificado el próximo jueves, en el que muestra a las claras su oposición a la Ley de Vivienda del Gobierno. Son varios los puntos sobre los que pone el foco el órgano judicial del todavía anteproyecto aprobado el pasado octubre en el Consejo de Ministros. La principal controversia viene dada por la «invasión» de competencias que supone la aplicación de una norma altamente intervencionista con el sello de Podemos. Alerta el documento, elaborado por los vocales Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y José Antonio Ballesteros, por el PP, del riesgo de que se solapen actuaciones y advierte de que «han de respetarse las competencias autonómicas», administración encargada de desarrollar políticas en materia de urbanismo y vivienda. Así, los jueces señalan al Gobierno que cuenta con herramientas para legislar en este ámbito pero censura que se extralimite, con el riesgo de que se dupliquen las medidas de una y otra administración dejando el campo abonado a futuros choques entre Estado y autonomías, por si estos no fueran, ya de por sí, habituales.

No se reducen al plano de las competencias los argumentos contra la ley que tildan de «una alteración del entendimiento de la propiedad privada». A su vez, se cuestiona el carácter «farragoso» del control de los precios y su alcance en el tiempo por prolongar más allá de la pandemia una medida que podría provocar desajustes en el mercado tales como la escasez de vivienda, caída de la calidad o encarecimiento en el mercado no regulado. Cuestiones que se han dado en otros países pero que obvian los promotores de un anteproyecto que tampoco define con claridad términos como vivienda vacía, infravivienda o zona tensionada.

El CGPJ no aporta nada que no dijera cuando tumbó el primer informe pero ante las dudas, porque «el alcance de la función consultiva del Consejo no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe», traslada al lenguaje jurídico, no político, las principales y numerosas dudas de una de las medallas que se ha colgado Podemos en la legislatura, junto con la no derogación de la reforma laboral. Las críticas de la formación morada, que ve cómo se empaña uno de sus proyectos estrella, llegaban a través de su portavoz Isa Serra que acusa al órgano judicial de liderar «la reacción antidemocrática al Gobierno de este país». Más contenidos se mostraban desde filas socialistas, arrastrados, como en otros casos, por el ejercicio propagandístico de Podemos. Resalta el PSOE que, al no ser vinculante, el informe no frena su aprobación. Sin embargo, genera más dudas sobre la ejecución y la idoneidad de una ley alejada del consenso.