Tiene abiertos tantos, diversos y polémicos frentes el Gobierno en el tramo final de año que corre el cada vez más certero riesgo de querer abarcar mucho y al final apretar poco, o en algún caso incluso nada. Lo grave es que en alguno de estos asuntos lo que hay en juego es algo tan sustancial como la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Apenas quedan dos semanas para que se cumpla el plazo comprometido con Bruselas para presentar la segunda fase de una reforma cuya negociación está completamente encallada. Fiar exclusivamente el éxito de una misión de ese calado a un ministro como José Luis Escrivá, acostumbrado a meter y sacar la pata cuando no está tan acuciado por el reloj, parece cuando menos temerario cuando la amenaza que vence el 31 de diciembre es la de suspensión de los fondos de recuperación europeos.

El empeño del titular de Inclusión y Seguridad Social en ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los últimos 30 años cotizados, descartando los dos peores, y en destopar gradualmente las bases máximas de cotización difiere con lo que estipula el Pacto de Toledo y supone ir contra el consenso político casi unánime allí logrado. Así, la reforma propuesta no gusta a nadie. Ni a los agentes sociales, ni a la oposición, ni a los socios del Gobierno y ni al propio Ejecutivo. Su ala 'morada' y la vicepresidenta Yolanda Díaz consideran que supondría endurecer el acceso a la jubilación, recortar derechos y rebajar la cuantía de las pensiones de los futuros jubilados. La patronal teme que el progresivo destope de las bases máximas suponga otro encarecimiento de cotizaciones para las empresas, al margen de que este impuesto encubierto supondrá un 'sablazo' para casi un millón de trabajadores que cobran más de 56.000 euros al año. Por más que se trate de un colectivo con salarios elevados, concentrar el grueso del esfuerzo fiscal adicional sobre ellos no parece lo más equitativo. Los sindicatos se niegan en redondo al empeño del ministro de modificar el periodo de cálculo, si ello supone un recorte de la pensión futura. Y tanto unos como otros critican la falta de información por parte de Escrivá, que no les ha presentado apenas informes, ni memoria económica, ni proyecciones sobre el impacto de las medidas previstas. Le piden que demuestre con cifras que contar 30 años no baja la pensión, básicamente, porque a ellos les salen otras cuentas.

El gasto en pensiones no deja de subir y la indexación de la inflación va a suponer un coste adicional de 15.200 millones de euros. Ya hay 9 millones de pensionistas frente a 20,5 millones de ocupados, una relación muy insuficiente que muestra la necesidad de reforma para poder garantizar su viabilidad. Ourense ya tiene más pensionistas que cotizantes y en otras 32 provincias el número de afiliados que financian las pensiones es inferior a dos por prestación. Cuando llegue el momento en el que los baby boomer, la generación más numerosa de nuestro país, empiece a retirarse del mercado laboral, no habrá relevo que aguante el sistema. Mientras tanto, el dique de contención que el Gobierno de Pedro Sánchez debe levantar antes de fin de año hace aguas por todos lados.