La Fiscalía Anticorrupción solicita un conjunto de penas que suman 138 años de cárcel para los dieciséis encausados, entre exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, por su participación en la trama eólica. El MinisterioFiscal también interesa multas cuyo importe supera los 848 millones de euros por delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, extorsión y cohecho. Según informa Europa Press, así se desprende de la calificación de la acusación pública ejercida por Tomás Herranz, y que se produce ocho meses después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid dictara auto de imputación contra los encausados y más de tres años después de que se iniciaran las diligencias contra la supuesta macrotrama autonómica. La mayor de las penas, de 42 años y una multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama que actuaba al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido. Le siguen los empresarios GermánMartínGiraldo, exadministrador de UrbanProyecta, y Alberto Esgueva, exconsejero delegado de Exacal, ambos con una petición de 12 años de prisión y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente.

La supuesta ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que las energías renovables, y particularmente el eólico, eran un sector que podía facilitar la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos. Según las investigaciones, de este empeño se encargó el principal investigado, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, junto con el fallecido Tomás Villanueva, que desempeñaba el cargo de consejero de Economía, y en un plan ideado junto con Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola (Ibercyl).

Presiones a empresas

Dicha trama consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, o bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, que cedieran o permitieran la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización. Una participación local que debía ser próxima al 40%.

El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, como Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

80 millones en mordidas

Hace ya casi tres años desde que el Juzgado de Instrucción 4 deValladolid abrió una investigación sobre supuestas ‘mordidas’ por importe de más de 80 millones por parte de altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad entre 2000 y 2015.

Las peticiones de la Fiscalía

Rafael Delgado. Exviceconsejero de Economía. La Fiscalía pide 42 años de cárcel y una multa de 239 millones.

Alberto Esgueva. Exconsejero delegado de Excal. 12 años de cárcel y 68 millones.

Germán M. Giraldo. Exadministrador de Urban Proyecta. 12 años y 14,5 millones.

Jesús Rodríguez Recio. Abogado y empresario. Diez años y medio y 25 millones.

César Hernández. Empresario. 7 años y 1.888.000 euros de multa.

En la lista de imputados figuran otros ocho acusados con seis años de cárcel de solicitud, como es el caso de Ricardo Bravo (Ibercyl), al que se piden 100 millones; Rafael Icaza (Ibercyl), 100 millones; Francisco Esgueva, 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente (Collosa), 45 millones; Pedro Barriuso (Biovent), 100 millones; el exdirector general de Deportes de la Junta y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, 8 millones. 

Además, la Fiscalía interesa cuatros años de cárcel y 721.000 euros de multa para el empresario Marc Nodelar (Solar Land Word SL); a María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, otros cuatro años y 215.000 euros; y, por último, a Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, diez años de inhabilitación.