La salida de la pandemia se ha traducido en un descenso del número de familias atendidas a través de los distintos mecanismos de la Red de Protección de Castilla y León, que durante el pasado año asistió a 107.000, frente a las 121.000 registradas en 2020, lo que sitúa las cifras en niveles similares a los de 2019. Una realidad que se encargó de verbalizar la consejera de Familia, Isabel Blanco, en la inauguración del XXV Congreso de la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), donde puso en valor la «labor fundamental» desarrollada por estas instituciones durante las etapas más difíciles de la crisis sanitaria. En ese sentido, apuntó a la necesidad de reforzar la colaboración con estas entidades, mediante la puesta en marcha de nuevas medidas que ayuden a hacer frente a retos como la subida de precios de alimentos y carburantes. Al respecto, recordó que la Junta está articulando un nuevo elemento normativo bautizado como bonos de urgencia social.

Esta herramienta, explicó la consejera, permitirá habilitar fondos «en el menor tiempo posible» ante una «situación sobrevenida», de manera que se pueda atender «de una manera rápida y eficaz» a las familias que sufren este tipo de situaciones. Blanco detalló que el objetivo es que el plazo máximo sea de entre 15 días y un mes, desde que surge la necesidad hasta que las familias reciben ayuda.

Por su parte, el presidente de Fesbal, Pedro Miguel Llorca, puso voz a la «incertidumbre y preocupación» de los bancos de alimentos ante la entrada en vigor, el próximo año, de un nuevo modelo de financiación de este tipo de entidades. Llorca explicó el gran objetivo de estas entidades es «acabar de una vez por todas con la cronificación de la pobreza», fomentando la lucha contra el despilfarro y el desperdicio, aunque señaló que «con eso no es suficiente» y lamentó que el alza de precios de los alimentos  alcance hasta el 20 y el 30 por ciento en algunos casos.