Tras conocerse que los diputados provinciales Leticia Sánchez y Pedro Muñoz pidieron en el juzgado suspender de forma cautelar el acuerdo por el que la Ejecutiva de este partido sustituyó a Muñoz como portavoz de la Diputación, desde el PSOE, la portavoz de la Ejecutiva, Carmen Iglesias, aseguró que los «compañeros están en su derecho de ejercitar las acciones que estimen oportunas», en este caso con la petición de las medidas cautelares en el juzgado. Pero para ellos, «de momento lo que existe es un acuerdo de la Ejecutiva válidamente tomado porque es una atribución que tiene la Ejecutiva Provincial de nombrar portavoz en la Diputación», como hicieron en su día sustituyendo a Pedro Muñoz por María de los Ángels García Salcedo. «De momento es válido mientras un juzgado no diga lo contrario», insistió. Reconoce que «una cosa es que la Ejecutiva tenga la facultad de tomar esta decisión (la del cambio de portavoz) y otra cosa son los procedimientos internos para que eso se haga efectivo en Diputación», ante lo que «parece ser que tendrían que firmarlo los diputados provinciales y hay seis de ellos que se niegan a hacerlo». En este sentido hay que recordar que para que la decisión llegue a la Diputación y se haga el cambio, el grupo provincial tiene que validar la decisión y transmitirla en el sento de la institución provincial.

Es por ello que Iglesias dice que el juzgado llevará su trámite, pero ellos continuarán «con la decisión que tomamos en su momento de exigir responsabilidades en caso de que no se acatase esta decisión. Eso continuará su procedimiento». En otras palabras, «en cuanto los servicios jurídicos del partido lo digan se iniciarán los expedientes que procedan conforme a los estatutos». En su momento, desde el PSOE ya se dijo que existía «la figura del expediente disciplinario, que es una falta grave que puede derivar en la inhabilitación de cargo público, la suspensión de militancia o ambas cosas» y parece que es el camino que se seguirá.

Iglesias no quiso dejar pasar la oportunidad de decir que lo que está sucediendo «es una mala noticia porque entendemos que el PSOE es muy importante en la provincia de Ávila, muy necesario y hay que protegerlo. No es lo mismo defender los intereses del PSOE que defender los intereses de personas que pertenecen al PSOE», concluyó.