El PSOE defiende la gestión del Gobierno en pensiones

J.M.M.
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Los procuradores socialistas por la provincia de Ávila invitan a la Junta a que respalde el incremento de las pensiones conforme al IPC

Los procuradores del PSOE por la provincia de Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, sostienen que la Junta de Castilla y León no tiene motivos para no reconocer que la medida del Gobierno de España para garantizar por ley la subida de las pensiones es positiva para la comunidad y han defendido que «los cerca de 40.000 pensionistas abulenses están más protegidos gracias a la gestión del Gobierno de España». 

De esta forma, en un comunicado de prensa, Miguel Hernández y Soraya Blázquez han invitado al gobierno de la Junta de Castilla y León a respaldar el incremento de las pensiones conforme al IPC, «apoyando una Proposición No de Ley que los socialistas defendemos en el pleno de las Cortes». 

Los procuradores abulenses han manifestado que «nuestros mayores y nuestros pensionistas han venido siendo los garantes para sustentar a muchas familias a lo largo de las distintas fluctuaciones económicas de nuestro país. Ahora, tras la pandemia y las consecuencias derivadas de la crisis de Ucrania, es momento de actuar y hacerlo con hechos y no con palabras». 

«Por eso, el Partido Socialista en el Gobierno de España ha garantizado por ley la subida de las pensiones de forma automática conforme al IPC, derogando el factor de sostenibilidad de 2013 del PP, que ocasionaba la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, introduciendo un mecanismo de Equidad Intergeneracional que garantice el sistema de pensiones a largo plazo. Nadie puede tildar esta decisión de otra forma que no sea justa. Es de justicia que nuestros pensionistas, después de una larga vida de trabajo, tengan tranquilidad y un poder adquisitivo digno, acorde con la actualidad económica del momento», señalan los parlamentarios socialistas abulenses. 

Finalment,a juicio de Miguel Hernández y Soraya Blázquez, «si no afrontamos la situación ahora, nos enfrentamos a una pérdida del poder adquisitivo del pensionista estimada en el 20%. Y es aquí donde la Junta tiene la oportunidad de posicionarse: si del lado de las personas o si sigue anquilosada en sus intereses políticos».