El PSOE presentará este miércoles en las Cortes de Castilla y León para su debate una proposición no de ley para que se apruebe una dotación de 400 millones de euros para afrontar las consecuencias de la situación económica y energética actuales con las pymes, autónomos y hogares como beneficiarios, pero también los empleados públicos y el medio rural. Los procuradores Miguel Hernández y Soraya Blázquez explicaron que la propuesta está fundamentada en «cómo queremos que se gaste el dinero que ha llegado del Gobierno central». Así, recordó Hernández que fueron 1.816 millones de fondos covid, 2.196 millones de fondos europeos y «de cara a 2023 el Gobierno inyectará 1.646 millones a Castilla y León a mayores sobre la financiación autonómica y de esos fondos es de donde queremos que salgan los 400 millones planteados en la proposición».
Ese dinero, por un lado, tendrá como beneficiarios en Ávila a 1.042 pymes, 14.139 autónomos y casi 67.000 hogares, pero también a 2.512 docentes y 1.552 sanitarios, ya que entre la finalidades de la proposición está la equiparación salarial de los empleados públicos con los de otros territorios. De igual forma, plantean incentivos fiscales tanto para las empresas como para aquellas personas que compren vivienda en el medio rural y generen empleo.
Con esta PNL, según Soraya Blázquez, el PSOE busca «pedir a la Junta que asuma sus responsabilidades en cuanto a la protección de los ciudadanos», pues «llevamos medio año de un Gobierno del PP y Vox que ha hecho mucho ruido, pero cero trabajo real». Por ello, «ante esa falta de compromiso, el PSOE tiene que presentar esta proposición no de ley para que la Junta vea cuál es la realidad de los ciudadanos».
En ese sentido apuntó la procuradora que en Castilla y León «hay una caída del 5,3% en la confianza empresarial, ha subido sólo un 0,8% la producción industrial mientras que en el resto de media ha crecido un 5,8%; somos la segunda comunidad más inflacionista y se han perdido más de 1.000 empresas en los últimos dos meses, además de seguimos perdiendo población y 77.000 personas están en riesgo de exclusión, con un aumento del 23%». Y «ante esta realidad, indicó Soraya Blázquez, «la Junta está solo en la bronca y sigue a lo suyo».
«Con la aprobación de esta PNL el Gobierno regional tiene la oportunidad de comenzar a trabar en serio por Castilla y León», subrayó Blázquez. Por su parte, Miguel Hernández comentó que «el Gobierno de Pedro Sánchez sí tiene en su agenda la mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses» e indicó que esta propuesta se contemplará también en las enmiendas a los presupuestos autonómicos para 2023.