La entrada de un nuevo magistrado en la sala de la Audiencia Nacional que debe resolver los recursos de vigilancia penitenciaria evidenció ayer un viraje en las condiciones impuestas a los presos etarras para poder obtener permisos. Y es que este juez ya no considera un «requisito legal» el perdón expreso a las víctimas para lograrlos.
Así se plasma en un auto de la Sección primera, a la que llegó recientemente José Ricardo de Prada -magistrado de carácter progresista- en sustitución de la expresidenta de la Sala de lo Penal Concepción Espejel tras su nombramiento como magistrada del Constitucional a propuesta del PP, y que fue el ponente de esta resolución.
En la resolución, que cuenta con un voto particular del juez Francisco Javier Viera al discrepar con que no se tenga en cuenta el arrepentimiento expreso ante las víctimas, la Sala admitió el recurso que interpuso el recluso de ETA Gorka Loran Lafourcade contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de denegarle un permiso de salida aprobado por la Junta de Tratamiento de la prisión de Araba el pasado 15 de septiembre.
Hasta ahora, la Audiencia Nacional estaba anulando el beneficio de salida concedido a aquellos presos de la banda que no incluyeran en sus cartas de arrepentimiento un «perdón expreso» a las víctimas concreto por sus acciones terroristas y ofrecieran un claro resarcimiento económico.
Sin embargo, la nueva composición de la Sección primera de lo Penal, encargada de revisar esos permisos por la vía de los recursos, cambia ahora de criterio y considera que el que no conste ese perdón «no imposibilita los permisos».
Los factores a tener en cuenta, explica, son solo por tanto el tiempo «ya completado» de condena y «el escaso período que resta para su total extinción», como es el caso de Gorka Loran, que el 19 de diciembre de 2028 tenía cumplida 3/4 partes y su salida de prisión está prevista para diciembre de 2023.
Además, los magistrados también atienden a que el permiso otorgado «tiene como fin la preparación de para la vida en libertad», lo que hace necesario «en este período final» activar «los mecanismos y previsiones penitenciarias que no lo hubieran sido con anterioridad para la preparación de la vida en libertad».
Respecto al perdón a las víctimas, la Sala cree que únicamente debe valorarse «a título puramente indicativo (no como obligación) de una buena evolución penitenciaria, lo que también es deducible de otros elementos».