Doce días ha durado la paz entre Gobierno de España y Junta de Castilla y León. Una vez firmada la tregua a cuenta del protocolo antiaborto, la guerra volvió a estallar ayer a cuenta de la eliminación de Serla, y, de nuevo, con la amenaza del Ejecutivo central de acudir a los tribunales en caso de liquidarse el servicio de mediación laboral. «En democracia, cuando el diálogo no funciona, el único recurso es ir a los tribunales», advertía este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras reunirse con carácter de urgencia con patronal y sindicatos para analizar el anuncio de la Consejería de Empleo de iniciar los trámites para disolver la entidad tras 25 años de servicio. La diatriba presentada por Díaz a la Junta ha sido clara: O «restaura» el Serla con financiación suficiente, o el Gobierno central llevará el caso ante la Justicia, dijo la vicepresidenta en declaraciones recogidas por Ical. Una nueva amenaza que no sentó nada bien al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que utilizó su perfil de Twitter para arremeter contra el Ejecutivo central: «No consiento el turismo electoral de los ministros de Sánchez que nos visitan para atacar a Castilla y León. Ni insultos, ni amenazas», escribió. Y a reglón seguido garantizaba «que los conflictos laborales se seguirán resolviendo con eficacia» en el ámbito de la Junta, independientemente de lo que suceda con el Serla.
Precisamente, Fernández Mañueco había revelado este martes que había mantenido dos conversaciones telefónicas con la propia Díaz para «garantizarle» la prestación de este servicio. Extremo que confirmó la también ministra de Trabajo, que reconoció que fue «amable» y le aseguró que «lo iba a estudiar». No obstante, criticó que en un tercer intento realizado por la vicepresidenta del Gobierno, el líder autonómico «ni siquiera cogió el teléfono»: «Yo creo que los presidentes autonómicos deben coger el teléfono a todo el mundo y, lo más importante, deben cumplir con la legalidad vigente».
«La decisión de la Junta de eliminar el Serla es muy grave ya que fulmina el Diálogo Social y la posibilidad de cumplimiento de la legislación laboral vigente», sentenció durante su visita a Valladolid, donde lamentó que, de liquidarse el servicio, Castilla y León sería la única Comunidad sin este «servicio esencial».
En esta línea, argumentó la amenaza con los tribunales al señalar que el Gobierno central tiene muy claro que se está vulnerando la legislación y que no se puede sustituir el Serla por el Servicio de Mediación SMAC, según se recoge en una sentencia del Tribunal Supremo, que otorga la preferencia en la mediación laboral al Serla, por lo que, al dejarla sin financiación y anunciar su supresión, la Junta estaría «contraviniendo la jurisprudencia de nuestro país». «Lo que está pasando en Castilla y León es muy grave y no se puede justificar por razones de financiación».
Derecho de huelga
Díaz, que estuvo acompañada por la delegada de Gobierno, Virginia Barcones, los líderes autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, y la vicepresidenta de CEOE, Ángela de Miguel, y una larga representación de las tres entidades, alertó que la disolución del Serla podría contravenir uno de los derechos fundamentales de los trabajadores. «Los trabajadores que quieran ejercer su derecho a la huelga no lo pueden hacer al no existir una mediación previa, algo que supone una vulneración de un derecho fundamental».
«Mañueco sabe como yo que existe una sentencia del Supremo de 2020 sobre esta cuestión, que está vulnerando la legislación vigente y que está haciendo un daño brutal a las empresas y a los trabajadores de su Comunidad», concluyó Díaz, afirmando que «lo que tiene que hacer, como presidente de su autonomía, es decirle a sus conciudadanos que va a reponer este servicio».
Inversiones
Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE en Castilla y León avisaron de que la «inseguridad jurídica» que está generando la decisión de la Junta de disolver el Serla está «desincentivando la inversión» en la Comunidad al hacer que Castilla y León esté «cayendo en los rankings» de competitividad. Los representantes de las organizaciones sindicales, Faustino Temprano y Vicente Andrés, y la vicepresidenta y portavoz de CEOE, Ángela de Miguel, reconocieron tras la reunión que mantuvieron con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que le han solicitado que haga las gestiones políticas «necesarias» para garantizar el sistema de relaciones laborales. «No puede desaparecer de Castilla y León porque lo dice la legislación española y también porque hay que recordar que hay una sentencia del Tribunal Superior en la Comunidad que lo deja claramente», expresó Faustino Temprano.
Por su parte, Vicente Andrés avisó que los inversores «no están llegando a Castilla y León» porque hay inseguridad jurídica en los acuerdos en materia de prevención, conciliación o igualdad, y ahora en conflictos de carácter jurídicos. «Tiene que intervenir de forma rápida», añadió. Por último, Ángela de Miguel aseguró que la supresión del Serla genera «muchísima inseguridad jurídica» y añadió que eso afecta a la inversión. «Cuando las empresas buscan un espacio, se buscan con paz social, que se puedan solucionar estos conflictos de manera amistosa».