El Boletín Oficial de Castilla y León, con fecha 16 de septiembre, ha publicado sendas resoluciones de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 9 de septiembre, por las que se acuerda imponer dos sanciones por importe de 40.986 euros (91.972 euros en total) por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales y por incumplir la orden de paralización de su actividad productiva a la empresa Composites Inteligentes S.L., sanciones que tiene su origen en 2009. Esta empresa, que dedicaba su actividad a la fabricación de productos diversos en materias plásticas, inició su actividad en el polígono industrial de Las Hervencias, y posteriormente se trasladó al polígono de Arévalo en 2011, pasando a ser su denominación Composites Avanzados. Allí mantuvo su actividad hasta octubre de 2014, cuando después de sufrir un grave incendio cerró sus puertas.

Ante esta sanción, CCOO de Ávila ha lamentado «el tiempo transcurrido y el riesgo al que se sometió a las personas trabajadores» y, a su juicio, también «viene a confirmar las declaraciones del secretario general de CCOO sobre la vulneración sistemática de las medidas de seguridad y constante exposición a riesgos muy graves para la salud de las personas trabajadores que la dirección de la empresa calificó como calumnias e injurías amenazando con emprender acciones judiciales».

Según se recoge en el Bocyl, la Delegación de la Junta en Ávila, mediante resolución de 9 de junio de 2021, resolvía el expediente sancionador frente a esta empresa al «confirmarse íntegramente los hechos reflejados en el acta de infracción» que extendió la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila en fecha de 23 de marzo de 2009 (cuando la empresa aún estaba en Ávila), «constitutivos de una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales». Esta resolución sancionadora fue notificada a la empresa Composites Inteligentes el 16 de junio de 2021 «con resultado ‘desconocido’». 

El Bocyl daba cuenta de una segunda sanción al incumplir la empresa sancionada la orden de paralización de su actividad productiva, acordado por el inspector actuante» en aquel momento. Fuentes de la Junta precisaron que esos expedientes quedaron en suspenso al ponerse en marcha un procedimiento judicial y una vez que se ha resuelto ha seguido su tramitación, culminándose ahora.