ETA ya no existe. Está «fuera del mundo», como afirmaba el que fuera ministro del Interior, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Por eso, tras más de 30 años de política de dispersión, el Gobierno impulsó el acercamiento de presos a prisiones del País Vasco siguiendo, como justificó, las recomendaciones de los tribunales de derechos humanos y la propia Constitución.
El presidente, Pedro Sánchez, daba con esta decisión la vuelta a la estrategia adoptada por otro socialista y predecesor suyo, Felipe González, entre 1987 y 1989. Eran los años de plomo, cuando la banda terrorista golpeaba más fuerte, con atentados masivos, indiscriminados y muy frecuentes para forzar negociaciones con el Ejecutivo. En una sesión de control en el Congreso, en el verano de 2018, Sánchez anunció que comenzaría a revertir la situación, por fases, hasta el punto en el que estamos en la actualidad: la totalidad de los internos pertenecientes a la banda cumple ya su condena en prisiones de Euskadi o de comunidades próximas.
Cuatro años después, el goteo de traslados de etarras ha sido constante, inicialmente de forma más discreta y, con el tiempo, a las claras, convencido como está el Gobierno de su estrategia y ante el eco de las asociaciones de víctimas más batalladoras, que insisten en que la medida es un «regalo» pues responde a una reivindicación histórica de los terroristas.
Interior ha acometido este acercamiento por fases. En un principio se comenzó con los presos que se encontraban en circunstancias singulares, como su edad -había veintena de enfermos o de mayores de 70 años- o el avanzado cumplimiento de sus condenas. Luego fue cuando se generalizó el proceso, incluyendo en la última etapa a los etarras que arrastraran crímenes de sangre, esto es, los que causaron lesiones corporales graves o la muerte.
«Entendible»
La política de dispersión que inició González hace más de tres décadas fue una medida «entendible en su contexto», afirman los expertos, porque tenía un «propósito estratégico»: era una acción de la lucha antiterrorista, desde lo policial, que trataba de evitar no solamente la comunicación entre estos presos específicos sino que algunos mandos o cabecillas diesen órdenes concretas para asesinatos y otros atentados desde el interior de las prisiones, explican.
Frente al terror, era una manera de presionar y de cercenar la actividad de los que aún querían seguir matando, secuestrando y extorsionando. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acepta ese alejamiento en supuestos como el de España, a los que añade la posibilidad de evitar los hacinamientos, garantizar la disciplina adecuada o velar por la seguridad y la vida del interno en casos de circo mediático o elevada sensibilidad social.
Sin embargo, el propio TEDH ha plasmado en sus últimos pronunciamientos que, llegados a este punto, iniciar el acercamiento era algo apropiado, para respetar el derecho de los reclusos, fundamental, a la vida privada y familiar, debiendo cumplir la condena, en principio, cerca de su domicilio porque así lo exige el derecho a la vida familiar.
También la Constitución ampara estos derechos cuando, en el artículo 25.2, habla de reinserción social, más sencilla en casa, en terreno conocido, con la familia.
Frente a ello, la AVT denuncia que el Gobierno accede, con estas políticas penitenciarias, a una de las insistentes peticiones de los etarras y la izquierda abertzale que un día los cobijó. «Son la antesala de las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso los indultos. En definitiva, son la antesala de la impunidad», sentencian.