El Pleno del Ayuntamiento de Ávila correspondiente al mes de septiembre, en el que se debatieron las ordenanzas fiscales municipales para el año que viene, se desarrolló sin sorpresas y tal y como se esperaba el planteamiento económico para 2023 se aprobó con los votos a favor de los dos partidos del equipo de gobierno, Por Ávila y Ciudadanos, mientras que las dos formaciones en la oposición, Partido Popular y PSOE, mostraron su rechazo.

Ambos bloques mantuvieron sus argumentos sobre la política fiscal para el próximo año, defendiendo XAV y CS que congelar los impuestos, tasas y precios públicos, manteniendo pese a ello la calidad de los servicios municipales, es lo más conveniente en estos momentos de crisis, mientras que desde el PP se abogaba por una bajada para mejorar la economía de los abulenses, y desde el grupo socialista se demandaba una renovación más ambiciosa para lograr mejores objetivos. Después de las intervenciones de la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Ángela García, y de los respectivos portavoces de cada grupo, nadie se movió de sus planteamientos iniciales, y con 13 votos a favor y 12 en contra, el articulado sobre el que se construirá el presupuesto del año que viene quedó listo para ser publicado y aprobado.

Comenzó el Pleno con la exposición de Ángela García, para presentar lo que a juicio del área económica del equipo de gobierno son unas ordenanzas «realistas y responsables» que consiguen el objetivo de «mantener los servicios públicos de calidad que ofrece este Ayuntamiento sin subir los impuestos», con unas medidas que «apoyan a empresas y familias» con una serie de bonificaciones que ayudan a estos colectivos. García destacó que «el aumento de costes en las dependencias municipales por la subida de la luz y el gas», que cifró en 1,5 millones de euros, «lo asume el Ayuntamiento» sin que ello suponga «poner en peligro el equilibrio presupuestario» que, dijo, «permite al Ayuntamiento ser el motor económico del municipio», cifrando en «más de 1.000 familias las que directa o indirectamente dependen del Ayuntamiento». La teniente de alcalde encargada de la economía municipal recordó que «se han aprobado 3 enmiendas del PP y 1 de PSOE», y terminó su intervención recalcando el hecho de que «sin más desembolso por parte de los vecinos, se mantienen los servicios públicos de calidad».

El portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, incidió en la línea marcada por su compañera partida en el turno de palabra, destacando el hecho de que «en momentos de gran complejidad, el Ayuntamiento puede afrontar los retos que se le plantean ofreciendo unos servicios óptimos». Desde un punto de vista más político, instó a la oposición a «hacer su labor desde un punto de vista mas constructivo», preguntando a la bancada popular «¿qué servicios municipales dejarían de prestar con la reducción de 2,5 millones que proponen?».

Desde el socio de gobierno, Carlos López, portavoz de Ciudadanos, hizo hincapié en el hecho de que «en estos momentos de dificultades lo más fácil hubiera sido subirse a la ola de populismo y anunciar una bajada de impuestos, pero eso se hace cuando no se tienen responsabilidades de gobierno». «Lo que ha hecho este Ayuntamiento», aseguró, «es lograr el equilibrio económico que permita que el vecino tenga los servicios municipales a su disposición, sin que tenga que pagar más por ellos. Ni un hachazo para los abulenses, pero tampoco al Ayuntamiento».

oposición. Visión completamente distinta sobre la propuesta fiscal municipal para el año que viene es la que ofrecieron Partido Popular y PSOE, que argumentaron su voto en contra a los ordenanzas con diferentes explicaciones. La principal del PP fue que «una situación excepcional requiere medidas excepcionales y lo que ofrece el equipo de gobierno es un corta-pega de un proyecto continuista», tal y como aseguró su portavoz, Sonsoles Sánchez-Reyes, para quien «el equipo de gobierno no escucha ni se adapta a las necesidades de los abulenses» poniendo en marcha medidas «efectistas y propagandísticas». La portavoz popular criticó la gestión del equipo de gobierno «por haber perdido ayudas y subvenciones por valor de 2,5 millones de euros» que, a su juicio, «de no haberlo perdido hubieran permitido bajar los impuestos a los abulenses, que es lo que se necesita ahora, no basta con congelar las tasas». Sánchez Reyes mostró el desacuerdo de su grupo con el hecho de que «solo se beneficie al sector de la hostelería con la supresión de la tasa de terrazas, olvidándose de otros sectores que también lo necesitan» y terminó pidiendo «gastar mejor y eliminar gastos superfluos» y considerando que «pierden una oportunidad de oro de ayudar a la ciudad con estas ordenanzas, con las que se ponen de espalda a los abulenses, no a su lado, porque lo que necesitan los vecinos es que el dinero esté en sus bolsillos, y para eso tendrían que bajar los impuestos».

Por su parte, el grupo municipal socialista, que tampoco apoyó las ordenanzas, explicó su «no» basándose en que «es una reforma simple, poco ambiciosa y que contempla medidas que no compartimos en absoluto», destacó su portavoz, Yolanda Vázquez, que detectó tres fracasos en el área económica municipal, en cada año de planificación, «el primero porque ni un euro recaudado de más por la subida del IBI se ha destinado a las inversiones, que es para lo que se anuncio; el segundo porque las bonificaciones fiscales para la llegada de empresas no han supuesto que haya venido ninguna; y el tercero porque estamos ante una repetición de las medidas del año pasado, ya que solo se modifican 5 de 46». Vázquez se refirió a la que calificó como «su propuesta estrella, que es mantener la exención de la tasa de terrazas» una «irresponsabilidad de gestión de dinero público» porque «como la propia teniente de alcalde ha reconocido influye en la sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria, y aún así la mantienen de manera injustificada e injusta con otros sectores que lo están pasando igual de mal». «Con la modificación de solo 5 ordenanzas demuestran que no han hecho ni el más mínimo esfuerzo para lograr objetivos que se pueden lograr con la política fiscal, como es el desarrollo sostenible», concluyó.