«Desbordados». Así define Nuria Martín Garrido, delegada del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid en Ávila, la situación en la que se encuentra este colectivo con motivo de la declaración del estado de alarma motivada por la pandemia provocada por el COVID-19. Este colectivo, que ha sido declarado «esencial» por el Gobierno y es una de las actividades que continúa funcionando sin que se haya resentido desde el punto de vista laboral, se ha visto superado por los acontecimientos y es que a la carga habitual de trabajo que tienen por estas fechas se han sumado otras sobrevenidas por las medidas adoptadas por el Gobierno para intentar paliar esta crisis. Y es que la principal reivindicación que han planteado los gestores administrativos al Gobierno, que es el retraso del calendario fiscal y laboral un mes, no ha sido atendida, con lo que las empresas deben seguir tramitando esos expedientes y cotizaciones siguiendo las fechas establecidas y a ello se ha sumado la tramitación de los ERTES, asunto en el que, aseguran desde las gestorías, «la administración nos está trasladando muchas cargas que debería haber asumido», y comunicaciones como las del cobro de las prestaciones de desempleo a los trabajadores que deberían ser realizadas por el Servicio Público de Empleo han sido trasladadas a las empresas, que se lo deben comunicar personalmente a los empleados, lo que ha obligado también a multiplicar sus esfuerzos.
A ello se suma las dificultades que implica la imposibilidad de tener un contacto directo con los clientes, dadas las restricciones de movilidad existentes y las normas de seguridad que se están implantando para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como de los clientes, y que hay una serie de requisitos, como la firma de los propios trabajadores o certificados que deben solicitar a las entidades bancarias, en los que es necesario ese contacto personal o recurrir a procedimientos telemáticos para los que en muchas ocasiones no se está preparando.
Insistiendo en la reivindicación del retraso en el calendario fiscal y laboral, que justifican los gestores administrativos «no sólo por las dificultades económicas de pymes y autónomos, si no también por los posibles efectos que tendrían tanto los desplazamientos de los obligados para poder gestionar sus declaraciones con sus asesores, como el movimiento de los documentos necesarios para llevarlas a cabo, que pueden ser fuente de contagio del coronavirus», en estos momentos, y con una situación normalizada, las gestorías estarían involucradas en preparar la documentación de las empresas que tienen que entregar antes del 20 de abril referente a las retenciones de los trabajadores, las retenciones de alquileres, el pago a cuenta del Impuesto de Sociedad y el IVA, tramitaciones que llevan a que sea uno de los cierres de trimestre más complicados del año, y que con la situación que se está viviendo, con el aplazamiento de pagos a proveedores a los que se han visto obligados a recurrir en muchos casos autónomos y pymes, hacen que esa tramitación se dificulte aún más. Y a partir de ahora se inicia el periodo de presentación de la declaración de la Renta, que supone otro pico de actividad, aunque en estos momentos se verán obligados a retrasarla (no en vano las que salgan a devolver se pueden presentar hasta el 30 de junio) ante otras prioridades.
Pero la principal carga de trabajo ha venido propiciada por la tramitación de los ERTE, a los que se han acogido muchas empresas por haber tenido que cerrar sus puertas al no ser actividades esenciales o por «causas de fuerza mayor», lo que ha disparado esos procedimientos. También advierten desde las gestorías que está tramitación se está llevando a cabo «con mucha inseguridad jurídica», con cambios constantes en la normativa, de un día para otro, lo que les está obligando a actualizarse y formarse continuamente para poder «interpretar» esa letra pequeña, porque no siempre está siendo lo suficientemente clara. Y a ello se une, como se apuntaba anteriormente, que la administración ha descargado buena parte de esta tarea en las propias empresas, lo que obligado a las gestorías a centrar sus esfuerzos primero en estas tramitaciones. A su vez, apuntan que también están encontrando problemas a la hora de acceder a la plataforma creada para tramitar estos expedientes, lo que dificulta aún más la labor.
En cuanto a la actividad de las propias gestorías, en algunos casos están teletrabajando, y tienen una infraestructura adecuada para poder adaptarse a estas circunstancias, «aunque la situación no es la misma», sin embargo en otros casos no ha sido posible. Pero tanto en unos como en otros casos la atención telefónica se ha convertido en el principal cauce de comunicación con sus clientes, lo que ha obligado a algunas gestorías a contratar más líneas de móviles para favorecer ese contacto, que durante las últimas semanas, ya desde antes de la declaración del estado de alarma, se ha multiplicado exponencialmente. Según explica Nuria Martín Garrido, primero con las dudas que surgieron en muchas empresas sobre si podían permanecer abiertas o no, dudas que aún hoy permanecen en algunos casos; después con la adaptación que debían realizar para adecuarse a las medidas de protección que debían implantar para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, y posteriormente con la tramitación de los ya mencionados ERTE y el cierre del trimestre.
La delegada del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid en Ávila reconoce que «el sentir general de las empresas es que lo van a pasar muy mal» y es que en muchos casos precisan que «igual esta situación se podría soportar un mes, pero como no se sabe lo que se va a prolongar este estado, proseguir en el futuro va a ser complicado», incluso en algunos casos hay entidades que ni siquiera están pudiendo presentar esos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo al no tener ninguna actividad.