El Juzgado de lo Social de Ávila (también el de Soria) desestimó el recurso planteado por la Junta de Castilla y León sobre la dotación de material sanitario a los centros sanitarios y asistenciales de la provincia. Fue un recurso que se planteó respecto al auto del pasado 26 de marzo en el que el propio Juzgado de lo Social dictó una sentencia por la que requería a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que «en el término de 24 horas» se encargara de proveer «de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR de diagnóstico de COVID-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos en todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de atención primaria, servicios de emergencias, centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales de Ávila ya sean públicos o privados y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario».
Tras esta resolución se presentó un recurso de reposición que fue desestimado por lo que se sigue con el mantenimiento de las medidas cautelares para dotar a los servicios sanitarios y centros asistenciales de las medidas de protección.
Frente al auto, la Junta de Castilla y León había solicitado su revocación y para ello alegó la falta de competencia del orden jurisdicional social para adoptar la medida cautelar y la falta de legitimación pasiva de la Gerencia de Salud de Castilla y León.
El Ministerio Fiscal, por su parte, se adhirió al recurso de la Gerencia basándose en que la competencia para la resolución de la medida cautelar correspondía a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Castilla y León, por su parte, solicitó la desestimación de estos recursos de la Junta y la Fiscalía y el mantenimiento del auto recurrido para dotar a los Servicios Sanitarios de Ávila de los equipos de protección necesarios para hacer frente a la pandemia.
En el nuevo auto que se acaba de conocer se esgrimen diferentes argumentos, entre ellos que el Real Decreto de declaración del estado de alarma no exime a «la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de prevención de riesgos laborales y la protección de su salud» y en este caso con la extensión del COVID-19 en la provincia de Ávila, «afectando en gran medida al colectivo de personal sanitario. Lo que debe ser puesto en relación con la obligación del empresario y administración empleadora de adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de los trabajadores que prestan servicios».
Además, hace referencia directa a la información publicada por la Consejería de Sanidad respecto a los profesionales sanitarios aislados por presentar «síntomas relacionados con el coronavirus», lo que «representa un 28% en términos relativos de la totalidad de la población que se estima infectada en la provincia de Ávila», una tendencia que desde el auto, señala, ha ido en aumento.
Por ello se refiere a la «tendencia marcadamente alcista de contagios entre los profesionales que prestan servicios en los centros de salud y demás centros a los que se refieren las medidas» y a la «falta de concreción en los medios y recursos empleados en la provincia de Ávila al cumplimiento de las medidas fijadas en el auto recurrido» por lo que afirma que «procede el mantenimiento de la vigencia del requerimiento».