Más de cuarenta días han transcurrido desde las elecciones autonómicas y  dos semanas  largas  desde que se constituyeron las Cortes de Castilla y León tras el acuerdo entre PP y Vox, pero aún, quizás por la lucha entre ambas formaciones en acaparar las mas suculentas consejerías y buenos cargos, el presidente del Parlamento regional no ha convocado el pleno de investidura del nuevo jefe del Ejecutivo a la espera de que los verdes y los azules tengan ya un acuerdo firme, que asegure la votación y lleve, como es lo previsto, a Alfonso Fernández Mañueco a repetir nuevamente como presidente de la Junta. Los populares esperaban hubiera tenido lugar días antes de su congreso nacional en Sevilla, donde proclamarán a Alberto Núñez Feijoo como nuevo presidente del partido, para que Mañueco asistiera ya tomada posesión y con las consejerías y consejeros nombrados, pero parece no va a ser así.
Esta situación de bloqueo, cuando, además, no están aprobados los presupuestos generales – a causa de la presunta moción de censura que se inventó el actual presidente en funciones- es, como ha manifestado el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, "responsabilidad compartida al 50 por 100 entre García Gallardo y Mañueco, quienes están anteponiendo sus intereses partidistas a los de Castilla y León".
Deberían reflexionar los dos socios del gobierno castellano y leones en los muchos problemas pendientes, que deben de solucionar, para el bienestar de cuantos habitamos en esta región, pero, sobre todo, en lo poco que, hasta ahora, se han preocupado e interesado por los cuatrocientos veintiséis mil castellanos y leoneses, que se encuentran casi en la más absoluta miseria y exclusión social. De ellas, según los datos presentados hace unos días en el informe de la Fundación "Foessa", impulsada por Cáritas Española, 226.000 en situación "severa" lo que indica un crecimiento del 54 por 100 respeto al anterior informe. Muchas de ellos han llegado a tan mala situación debido al Coronavirus y otras lo harán por la nueva crisis a consecuencia de la gran alza en todos los precios, no solo por la invasión de Ucrania. Datos vergonzantes, reflejo de que la pobreza encuentra, en la crisis económica, mental y social, el caldo de cultivo perfecto para cobrarse más personas dependientes de la caridad y los servicios sociales.  
Cifras que arrojan serias dudas sobre la efectividad de un "escudo social", a pesar de los esfuerzos dicen que llevan a cabo las instituciones, que está dejando en la cuneta a miles de personas en nuestra región, quienes encuentran un pequeño atisbo de esperanza en las ayudas que, en la medida de sus posibilidades, reciben de ONG´s como Cáritas, Cruz Roja y otras del Tercer Sector, a las que han de acudir solicitando ayuda para afrontar gastos imprescindibles como luz y alquiler. 
Deben de consensuar y blindar, palabra que ahora han puesto de moda, también en Las Cortes, un serio programa de ayuda para estas personas en exclusión social dotándolo de los necesarios fondos públicos -no al albor de quien gobierna- e invertirlos en medidas que ayuden a erradicar tan grave y penosa situación. No vale parapetarse, por ejemplo, en el Ingreso Mínimo Vital que sólo lo está cobrando el 18,6% de quienes lo solicitan. Tampoco las buenas palabras y promesas, que no se cumplen, sirven a todas estas personas desfavorecidas, desamparadas y dependientes. Necesitan una atención más comprometida y directa, que, si en las grandes ciudades es factible de paliar en cierta medida, no así en las zonas rurales donde viven muchos mayores solos y sin alguien que les cuide, a no ser algún vecino en mejores condiciones y con ganas de acercarse a ellos, aunque solo sea para conversar un rato. Unas Residencias de mayores, con precios asequibles a todos los bolsillos, pueden ser la solución para quienes prefieren vivir en compañía. Pero hay otras muchas deseando permanecer en su propio hogar el tiempo que les quede de vida. A estas hay que llegar con una teleasistencia seria y atenciones continuas, pero no únicamente por voluntarios, también por profesionales. 
Un gran esfuerzo que Las Cortes de Castilla y León deben de exigir al nuevo gobierno que se forme. Que se ponga a trabajar en este preocupante y serio asunto, para, así, rebajar al máximo la situación de pobreza y exclusión social que padecen demasiados castellanos y leoneses, personas tan dignas como las demás.