El edificio de la quebrada Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila no acabará como negocio privado, sino como sede administrativa de atención al ciudadano de uno o varios de los servicios territoriales de la Junta de Castilla y León en Ávila. La Administración autonómica, haciendo uso de su derecho preferente sobre este palacio, que cataloga como Bien de Interés Cultural (BIC), ha puesto el punto y final a un complejo y largo proceso de embargo y subasta, destinado a satisfacer las deudas de la Seguridad Social y, en especial, de los trabajadores de la corporación empresarial, cerca de medio millón de euros. Diario de Ávila ha tenido acceso al decreto judicial que ha permitido esta adjudicación a la Junta, y fuentes de la propia consejería de Economía y Hacienda, la encargada de tutelar todos los bienes inmuebles de la Administración autonómica, han explicado cuál será la futura utilidad del palacio renacentista de la calle Eduardo Marquina. Al respecto, será la Delegación Territorial la que está llamada a jugar un papel importante para delimitar los mejores usos de estas instalaciones, aliviando en buena medida el alto coste de alquileres que la Junta abona en la capital abulense por los espacios en los que presta sus servicios administrativos.
La Junta define esta adquisición como el resultado de una confluencia de intereses y responsabilidades propias: por un lado, le necesidad de conservar uno de los palacios representativos de la fecunda arquitectura civil del XVIabulense; por otro, la oportunidad de hacerse con propiedades destinadas a los ciudadanos, deslastrando la costosa dependencia de los alquileres.
 Antes de 2010, la situación de las Cámaras de Comercio e Industria provinciales y comarcales comenzaron a percibir una cierta decadencia. Su concepción primigenia, su forma de elección y la escasa participación de los empresarios convertían a estas corporaciones de derecho público, nacidas en la España del XIX, como entidades realmente obsoletas. Aquel año, el de 2010, recién implosionados la crisis y los equilibrios financieros, el Estado decidió eliminar la afiliación y las cuotas obligatorias a las cámaras, con lo que sus ingresos mermaron espectacularmente. Muchas de ellas perdieron el pulso y entraron en una grave recesión. La de Ávila fue un ejemplo. Ejecutivas de urgencia intentaron achicar el agua y sacar la corporación a flote entre 2017 y 2018, pero resultó imposible. Las deudas ascendían a más de 600.000 euros con la Seguridad Social, los empleados, otras administraciones y los proveedores. El edificio fue embargado, la actividad tutelada por la Junta –y posteriormente por el Consejo Regional de Cámaras–. En el verano de 2019 salía por primera vez a subasta, por 1,5 millones de euros, para saldar los 32.000 euros que se debían a la Tesorería General de la Seguridad Social. El Consejo de Cámaras abonó la deuda y ganó tiempo hasta la siguiente subasta, la del Juzgado de lo Social
Esta llegó a finales del año siguiente, el 2020, el de la covid. Quedó desierta y la Ley de la Jurisdicción Social permitió a los trabajadores adjudicarse el bien por el 30% de la tasación, lo que dejaba su valor entonces en unos 600.000 euros. A ellos se les adeudaban casi 450.000 y otros 150.000 al Ayuntamiento de Ávila y a varios proveedores. Los ejecutantes, es decir, la plantilla, pudo traspasar legalmente el palacio a una sociedad limitada que se postuló como compradora por esos mismos 600.000 euros, cantidad que, según publicó Diario de Ávila, llegó a consignar en el juzgado. Finalmente, y haciendo uso de su derecho preferente al tratarse de un inmueble BIC, la Junta se ha quedado con el inmueble por el citado importe.

Media docena de trabajadores podrán cobrar sus atrasos sin tener que ir al Fogasa

Media docena de trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria han sido los que se han mantenido en lucha para recuperar los salarios que se les adeudaban desde mediados de la pasada década. Primero, en otoño de 2018, decidieron rescindir sus contratos por incumplimiento de la obligación del pagador de abonar los sueldos, y precipitaron con ello la dimisión de la última Ejecutiva de la Cámara, que entonces comandaba David Sahagún; después, defendidos por tres abogados, han asumido la responsabilidad de convertirse en los ejecutantes de la subasta y de optar a quedarse con la propiedad en tiempo y forma tras resultar desierta la puja. De no haber optado por esta última alternativa habrían tenido que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el exiguo corolario para quienes reivindican nóminas salariales y derechos indemnizatorios. La Junta adquiere finalmente la casona por 600.000 euros, abortando el intento de compra del palacio por una empresa privada, y propiciando que los trabajadores cobren sus deudas e, indirectamente, también el Ayuntamiento, las suyas, así como los proveedores que las tenían reconocidas. Una decisión, la de la nueva propiedad, fechada el 19 de febrero y recogida por decreto del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de los Social el pasado 23 de febrero.