El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que las siete medidas de ahorro fiscal que llevarán a cabo en los próximos meses, junto a los beneficios ya existentes, supondrán un ahorro fiscal de 2.500 millones de euros para los castellanos y leoneses durante la presente legislatura.
Se trata así de la "fiscalidad más baja de la historia" para "facilitar la actividad económica, el empleo y la ayuda a la economía familiar" ante un contexto de "nubarrones" que Mañueco recordó que ya advirtió en noviembre del año pasado y que "se ha agravado por la guerra en Ucrania" al suponer "una inflación disparada, la subida de los tipos de interés y la elevación de los costes de la energía y de las materias primas".
Por ello, y con el objetivo de "responder con eficacia a la facilitación de la vida de los castellanos y leoneses", Mañueco aseguró, durante la rueda de prensa celebrada hoy en la sede de la Junta, que su Gobierno "cumplirá" sus compromisos entrando en un "periodo decisivo" para la bajada de impuestos anunciada en los meses de abril y mayo.
Así, en declaraciones recogidas por Ical, anunció que las cinco primeras medidas anticrisis, aprobadas en el primer Consejo de Gobierno de la legislatura, se cursarán mediante ley en el mes de septiembre para enviarse posteriormente a las Cortes.
Estas medidas incluyen la reducción del tipo mínimo del IRPF del 9,5 al 9 por ciento, que beneficiará "a todos los contribuyentes", y que tendrá "un impacto aproximado de 80 millones de euros en esta legislatura". También se incluye el aumento del 40 por ciento de la deducción del IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural, la reducción al dos por ciento del impuesto de transmisiones para las empresas que se instalen en el medio rural frente al ocho por ciento del tipo general, la bajada del impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias a la mitad (4 por ciento) y la bonificación del cien por cien de la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales por arrendamiento de fincas rústicas.
Además, también anunció otras dos nuevas medidas que se incluirán en la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que irá vinculada a los presupuestos. Por un lado, un incremento del diez por ciento del valor máximo de la vivienda que pueda tener deducción, pasando de 135.000 a 150.000 euros, así como la subida del diez por ciento de la base de la deducción, que pasará de 9.040 a 10.000 euros para "contrarrestar la subida de la inflación y de los intereses". De esta manera, explicó Mañueco, "un joven que cumpla con estos requisitos podrá deducirse hasta 1.500 euros anuales en su declaración de la renta".
Por otro lado, también se incrementará un diez por ciento el valor máximo de la vivienda, de nuevo de 135.000 a 150.000 euros, en los impuestos de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales para que puedan beneficiarse sus compradores de un tipo "super reducido" del 0,01 por ciento en el medio rural y del cuatro por ciento en el medio urbano. Así, "un joven que compre una vivienda de segunda mano por 150.000 euros en el medio rural, pagará en el impuesto de transmisiones 15 euros", lo que convierte a Castilla y León en la comunidad que "mejores beneficios fiscales tiene para jóvenes en la compra de vivienda".
También apuntó el presidente de la Junta, en ese sentido, que su Gobierno mantendrá la deducción por arrendamiento de vivienda habitual del 20 por ciento para todos los jóvenes, que se incrementará al 25 por ciento en el medio rural. Una medida de la que se beneficiaron 17.770 jóvenes en 2020 por un valor de 7,8 millones de euros.
Por último, Mañueco comprometió la reducción y eliminación de tasas para apoyar a sectores y actividades de la Comunidad como la bonificación del cien por cien de la tasa general por licencias de caza y pesca, la bonificación también del cien por cien por la prestación de servicios veterinarios, la supresión temporal de la tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas y de la tasa de expedición de certificados de profesionalidad, y el mantenimiento "un año más" de la congelación del importe de las tasas exigidas a todos los ciudadanos de la Comunidad para "compensar el coste de la inflación".