Los senadores abulenses del Partido Popular, Juan Pablo Martín, Sebastián González y Patricia Rodríguez, afirman que incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) «es una medida que no está, social y científicamente, justificada ni demandada».
Las declaraciones las han realizado los parlamentarios mediante una nota de prensa, en la que explican que así se han pronunciado tras el debate de una interpelación del Grupo Popular sobre las consecuencias que va a suponer para las explotaciones ganaderas, el medio ambiente y rural, la decisión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de incluir a todas las poblaciones de lobo en el LESPRE, dejando de ser especie cinegética.
Para los parlamentarios abulenses, Castilla y León es un ejemplo claro de la situación que se está viviendo, pues en esta Comunidad se dan los dos supuestos: especie cinegética al norte del Duero y especie no cinegética al sur del Duero. Así, han resaltado que, al norte del Duero, a pesar de ser especie cinegética, se encuentran el 84,8% de las manadas, 162 en total. Por el contrario, al sur del Duero, donde no es especie cinegética se encuentran solamente 29 manadas, es decir, el 15,2% restante. También han explicado que el 15% de las manadas al sur del Duero, producen el 85% de los daños, mientras que el 85% de las manadas al norte del Duero, donde sí es especie cinegética, sólo se producen el 15% de los daños». «El PP no está de acuerdo con esta propuesta por varias razones. En primer lugar, porque desde el punto de vista político, es una medida estrictamente ideológica amparada en su ‘eco-fundamentalismo radical» y, además, «obedece a un procedimiento sin precedentes.
Asimismo, los senadores populares abulenses han destacado que, desde el punto de vista científico «tampoco está justificado», puesto que «lo único que ha hecho el Ejecutivo es dar cabida a la petición de una asociación radical de conservación del lobo, sin tener en cuenta que no obedece a la situación real de esta especie». A continuación, han apuntado que «el propio informe del Comité Científico recoge en su dictamen que es una especie de indudable valor cultural, pero, en ningún caso, habla de la necesidad de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial».
Además, dicho informe científico «reconoce que los parámetros utilizados son tremendamente subjetivos y que deberían ser modificados a través de una adecuada formalización de estos», tras lo cual Martín, González y Rodríguez han subrayado que incluso «contraviene el informe de quienes sí conocen la situación real del lobo, como son los colegios de Ingenieros de Montes, de Ingenieros Agrónomos o el propio Colegio de Veterinarios, que lo ha desaconsejado por las consecuencias sanitarias que se pudieran derivar».
Por otra parte, han criticado que «se invadan competencias exclusivas» y que «se vulnere la estrategia de conservación y gestión del lobo, que está plenamente vigente mientras no se modifique». También se han referido, desde un punto de vista medioambiental, a las consecuencias «tremendamente graves que se pueden derivar para la evolución demográfica en estas zonas y que se pueden convertir en un elemento de riesgo para la conservación de la especie».
«En ningún caso vamos a consentir la burla que plantean llevar a cabo con la propuesta de compensar los daños del lobo a los ganaderos, con algo que ya les pertenece como es la PAC. Ante la pasividad del ministro de Agricultura, nosotros estamos con los ganaderos y no vamos a permitir que les tomen el pelo diciendo que les van a indemnizar con algo que ya es suyo», han remarcado.