Jaime y Diego, de 15 y 25 años, son las últimas víctimas de una «tercera generación» de bandas juveniles en España que ha intensificado su violencia. Es el resultado de haber mirado para otro lado cuando estos jóvenes requerían educación y acompañamiento, como denuncian ahora los expertos. Un extremo que, sin embargo, no justifica la crueldad de las acciones que protagonizan, aclaran.

Tras las al menos tres reyertas entre los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios que confluyeron hace solo unos días en Madrid, dejando dos muertos y tres apuñalados en estado grave, no se hizo esperar una respuesta contundente por parte de las autoridades.

En la actualidad, más de 500 policías controlan las calles y parques de 11 distritos de la capital y el municipio de Parla para frenar las posibles represalias y la escalada de violencia detectada el pasado mes de diciembre, cuando se impulsó la operación Hispano, que en poco más de tres meses se ha saldado con 118 detenidos y decenas de armas incautadas a estos grupos.

La Guardia Civil también ha desplegado en nueve municipios de la Comunidad de Madrid a 834 efectivos que se encargarán de vigilar los conocidos como puntos calientes, en los que han localizado una mayor presencia de estas bandas.

Sin embargo, los propios agentes, como el inspector y portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), José María Benito, lamentan que previamente a esta situación «algo ha debido fallar» cuando las Fuerzas de Seguridad tienen que priorizar una amenaza como la que constituyen estas bandas juveniles, que contaban a finales de 2021 con 80 grupos activos en el territorio nacional, según los últimos datos al respecto difundidos por el Ministerio del Interior.

Los nuevos pandilleros 

Estos clanes altamente peligrosos están integrados por menores de 13, 14 o 15 años, como Jaime, el chico vinculado a los Trinitarios que fue apuñalado mortalmente con un machete por presuntos miembros de los DDP en la calle Atocha, como pudo indentificar la Policía.

Y son más violentos porque quieren demostrar lealtad a sus superiores. El experto en grupos urbanos Joan Caballero define a estos menores como la «tercera generación de pandilleros» en España, ya que las Fuerzas de Seguridad y la Justicia ya tuvieron que aplacar su acción en 2003, cuando surgieron en el país, y en 2014, año en el que el Tribunal Supremo declaró la naturaleza criminal e ilícita de los Dominican Don't Play (primera y segunda generación).

Después, según explica Caballero, la sociedad no se ha preocupado por acoger en comunidad a estos chavales, gran parte de ellos de origen extranjero o de padres inmigrantes, pero con nacionalidad española -estos últimos representan el 90 por ciento según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González-.

Es en el seno de las bandas donde han encontrado el «sentimiento de pertenencia» del que carecían. «Sienten que es su segunda familia», afirma.

De hecho, tal compromiso de hermandad es el que les lleva a no mostrar escrúpulos a la hora de delinquir cuando así se lo piden sus superiores, llegando al extremo de ir a matar a sangre fría. Asimismo, Caballero destaca que la sociedad, además de marginarles, ha «estigmatizado» a los integrantes de estas agrupaciones, lo que ha hecho que «se reafirmen» en su condición de «pandilleros»: «Si la gente y la tele lo dice, pues sí, lo soy», mantienen.

Un plan de prevención

Por todo ello, los expertos coinciden al reclamar un plan estatal de prevención contra la violencia juvenil, cuya ausencia ha dado alas a los chicos en situaciones de vulnerabilidad social para radicalizarse dentro de las bandas y otros grupos.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, una de las voces que exigen al Gobierno el impulso de políticas contra la criminalidad entre los menores, subraya la necesidad de «deslegitimar la violencia», así como «dejar de normalizar y justificar tales conductas».

En el plano judicial, recuerda que la declaración de los DDP y otras bandas como organizaciones criminales por el Tribunal Supremo supone que las Fuerzas de Seguridad pueden llevar ante la Justicia a cualquier individuo que se investigue y tenga vínculos con dichas organizaciones, aunque en realidad «no se está haciendo», denuncia Ibarra.

Además, sostiene que actual la Ley del menor, que castiga los delitos graves cometidos por mayores de 16 años con internamientos, «trivializa» las sanciones a los jóvenes en ese rango de edad que delinquen en el seno de estos clanes ultraviolentos.

Ibarra puntualiza, asimismo, que se debe separar el discurso contra la violencia de la xenofobia, ya que nada tiene que ver con el origen de los «delincuentes».

En el punto de los agentes 

Desde principios de siglo, las bandas juveniles han sido una prioridad para la Policía. Lo mantiene el portavoz de la UFP, José María Benito, y lo prueba la existencia de unidades específicas que investigan a estos grupos dentro de las brigadas de Información.

Sin embargo, Benito y Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol, afirman que existe una intensificación de la violencia ejercida por las bandas -reflejada en el uso de armas como machetes-, aunque no perciben un repunte en el número de reyertas o sucesos que protagonizan.

Ambos apoyan el despliegue policial de control a estos grupos ante esta escalada de violencia, pero lamentan que, como ante otras amenazas, no cuentan con efectivos suficientes «para llegar a todo».

No obstante, trabajarán «al pie del cañón» durante las próximas semanas para que en Madrid -y el resto de España- siga reinando la seguridad en las calles.