La politización de la Justicia tiene el reverso de la judicialización de la vida política. Son dos caras de la misma moneda. Y la primera tiene consecuencias directas sobre la segunda, de lo que se derivan determinadas instrucciones de casos judiciales y sentencias con juicios de valor en las que los jueces van más allá de la aplicación de las leyes. El curso judicial recién iniciado deparará momentos para comprobar hasta qué punto justicia y política van de la mano.
Para el próximo mes de octubre está previsto que una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelva los recursos del PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, sin solución de continuidad tras dejar de ser ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez. No cabe duda de que se trata de un nombramiento poco estético, lo que no quiere decir que no cumpliera los requisitos para poder ocupar el cargo. Fuentes judiciales apuntan a que hay un empate a tres entre los seis magistrados que componen la sección sobre la legalidad de su nombramiento, y qué tras no ser avocado el asunto al Pleno de la Sala, se ha incorporado el presidente de la Sección para romper el empate. Para sorpresa de muchos, el desempeño de Dolores Delgado ha generado menos polémicas que las que su designación hacía pensar. No solo porque se haya inhibido en todos los casos que pudiera conocer por su paso por el Consejo de ministros, sino porque ha mantenido la posición de la fiscalía en todos los asuntos relacionados con el 'procés', incluido el rechazo a los avales en el Tribunal de Cuentas; se ha opuesto a la devolución de menores de Ceuta, y las dilaciones en la investigación de las causas relacionadas con el rey emérito le han valido las críticas de sectores progresistas. Sin embargo, sus principales problemas proceden del manejo interno de la fiscalía, de los nombramientos, y de la relación con sus compañeros, que la acusan de no conocer la carrera fiscal por no haber salido de la `burbuja´ de la Audiencia Nacional.
Un Tribunal Constitucional con cuatro magistrados pendientes de renovación volverá a decidir sobre el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno. No es de esperar que cambie el sentido de la primera sentencia, si acaso cargará más las tintas sobre las dilaciones en el control parlamentario.
Para el PP el curso tampoco se presenta tranquilo: la sentencia sobre los papeles de Bárcenas apunta a que se certificará de nuevo la existencia de una caja B para financiar sus actividades y la reforma de la sede de Génova 13, todavía sin vender. Aunque en este caso la resolución judicial no tendrá efectos políticos tan evidentes como los tuvo la del caso Gurtel es posible que Pablo Casado se vea obligado a sacar la cabeza del hoyo en el que la tiene metida para no hablar de los asuntos de corrupción de su partido en el pasado.
Y un juez abiertamente bien tratado por el PP, Manuel García Castellón, ha cerrado en falso, según la fiscalía anticorrupción, la instrucción del caso Kitchen, a lo que se une las últimas declaraciones del exministro del Interior, Jorge Fernández Diez, que según el juez seria la X del caso, mientras que este apunta más arriba, por lo menos hasta María Dolores de Cospedal. Si se reabre la instrucción, el silencio de Casado sería más incomprensible.