El acuerdo para la inclusión financiera de las personas mayores "repercutirá en positivo" en, aproximadamente, un tercio del total de la población de la provincia de Ávila. Así lo afirma el diputado nacional del PSOE Manuel Arribas, quien recuerda que según el Instituto Nacional de Estadística, a fecha 1 de enero de 2021 los abulenses mayores de 65 años eran 53.429.
"El Gobierno de Pedro Sánchez, muy implicado con la justicia intergeneracional, ha escuchado las demandas de un sector de la población que se sentía indefenso cada vez que precisaba realizar una gestión con su entidad bancaria", señala el diputado socialista, quien añade que "no podemos permitir que el acceso a nuestros ahorros e inversiones no se haga en condiciones de igualdad y cuestiones como la edad o el lugar de residencia determinen la relación con el banco", ha añadido.
Arribas explica que la Ley de Protección al Consumidor Vulnerable, aprobada esta misma semana en el Congreso de los Diputados, define como consumidor vulnerable "a aquel que se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación en sus relaciones de consumo frente a las empresas, sea de forma temporal, territorial o sectorial".
El acuerdo para la inclusión financiera de las personas mayores supone una actualización del Protocolo que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las asociaciones de la banca firmaron en julio del pasado año. "Ahora se incluyen dos nuevos apartados con sus medidas correspondientes. El primero, dirigido a mejorar la atención personalizada de las personas de más edad o con discapacidad, y el segundo, orientado a contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una nueva economía inclusiva, especialmente en entornos rurales", indica Arribas.
Según su opinión, "este último aspecto es también muy importante para la provincia de Ávila, ya que el 30% vive en municipios de menos de 2.000 habitantes, porcentaje que crece hasta el 43% si ampliamos a aquellos de menos de 5.000".
En relación con las medidas concretas para mejorar la atención de las personas mayores y discapacitadas, el parlamentario del PSOE explica que "el acuerdo establece que las entidades bancarias realicen un diagnóstico de la situación actual y adopten en el plazo máximo de 6 meses acciones concretas para reforzar la atención presencial en oficina, ofrecer atención telefónica a través de un interlocutor personal y garantizar la accesibilidad y la sencillez en cajeros, apps y web".
Para la población del medio rural, el acuerdo suscrito contempla que el Observatorio para Inclusión Financiera para la elaboración y actualización del mapa del acceso a estos servicios en la España rural, "con el compromiso de presentar los resultados antes de junio de este mismo año", subraya Arribas.