El secretario general del PSOE en Ávila, Jesús Caro, defiende la aprobación en el Congreso de la toma en consideración de la propuesta de ley para la regulación de la eutanasia, poniendo sobre la mesa lo que supone como derecho y garantía de una «muerte digna», dando también seguridad jurídica a los profesionales y como un ejemplo de una «sociedad democrática, libre y moderna como es la española».
Una idea en la que ve alejados al «PP y la derecha», dijo, que no defienden «los avances sociales» con leyes como el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia porque «siempre van por detrás».
Habló Jesús Caro de que los socialistas, «como ciudadanos progresistas», creen que es muy importante que se reconozca el derecho a una muerte digna desde la necesidad de regular una situación que en «algunos casos conlleva años de sufrimiento a las personas afectadas».
Por ello pidió que se diferencie de los cuidados paliativos que se dan desde hace años a personas que «lo están pasando muy mal» y necesitan esa atención paliativa, que no cura, pero alivia, y «hace más apacible el último periodo de su vida».
Pero ahora se trata de que el nuevo gobierno presenta un proyecto de ley sobre los derechos y garantías de una muerte digna, «el derecho a decidir cuándo morir, algo reconocido en algunos países de nuestro entorno» y que supone que una persona son un «sufrimiento insoportable» decide «solicitar y recibir ayuda para morir», con lo que también es un modo de seguridad jurídica para los profesionales que participan.
Jesús Caro puso sobre la mesa que se aprecia un «importante apoyo de la sociedad española con esta ley», con encuestas que hablan de un «80 por ciento» de españoles que están de acuerdo, un porcentaje que es de un «60% entre los católicos», aseguró.
Y este apoyo se ve reflejado en una ley que «establece un nuevo derecho a solicitar ayuda para morir» en una decisión «personal, consentida, informada, meditada, mantenida en el tiempo y lejos de cualquier presión económica, social y familiar». Se trata, en definitiva, «de que todo el proceso esté sujeto a garantías jurídicas» para quien la solicita y para el personal sanitario.