El portavoz de la Candidatura Unitaria de Izquierdas en el Ayuntamiento de Arévalo Gregorio García González, vincula el origen del incendio que sufrió el centro Salud Mental Casta de Arévalo, en la noche del pasado viernes, a la falta de vigilantes de seguridad en el centro. «El suceso no tuvo consecuencias a mayores de las que tuvo, gracias a la actuación del personal del turno de noche (6 trabajadores), que desalojaron a los pacientes del ala afectados por el fuego, e intervinieron en un primer momento con los escasos recursos de los que disponían para su control y extinción». «Esa actuación fue eficaz y rápida, anteponiendo la seguridad y la salud de los pacientes a la suya propia», puntualizó el portavoz de CUI, quien recordó que hace un año cuando la infanta Elena inauguró el centro, este grupo político no quiso estar presente en esta inauguración como «gesto de denuncia y protesta porque la empresa no tenía contratados servicios de seguridad para proteger a los trabajadores y a los propios pacientes» y añade, que «antes se sabía, por ejemplo, que las trabajadoras del centro estaban sufriendo de forma continuada insinuaciones, tocamientos, insultos, incluso vejaciones por parte de los pacientes». 

Recordó también el portavoz de CUI que en la noche del 4 al 5 de diciembre de 2017 se produjo un suceso que «hizo saltar las alarmas». En concreto, se refería a un «conflicto, calificado como motín por los trabajadores, en el que intervinieron varios pacientes que se encerraron en el botiquín del centro, un suceso que necesitó la intervención de la Guardia Civil y la Policía Local. En esta ocasión los propios pacientes denunciaron la falta de recursos humanos para atender a las personas ingresadas. Además, el comité de Empresa mostró su preocupación por los trabajadores».

CUI también denunció que esta misma  la situación de falta de vigilantes de seguridad está relacionada con el excesivo número de trabajadores que en este momento se encuentran de baja laboral, por la difícil y tensa situación en la que deben realizar su trabajo, al no poder contar con personal de seguridad y tener que enfrentarse a algunos enfermos mentales «potencialmente peligros», que están internados en el centro. Indicó el portavoz de CUI que son entre 10 y 15 los trabajadores que se encuentran en esta situación de baja laboral en la actualidad.

También recordó Gregorio García que en la sesión plenaria del día 13 de abril de 2018, CUI presentó  al alcalde de la ciudad, Vidal Galicia Galicia, una serie de preguntas sobre las medidas de seguridad de Casta Arévalo  y denunció otro suceso ocurrido  unos días antes, concretamente en la noche del día 9 del mismo mes.

Ante todos estos hechos, la Candidatura Unitaria de  Izquierdas «exige que las administraciones públicas correspondientes y la dirección de Casta Arévalo tomen las medidas correspondientes para que hechos como los relatados no se vuelvan a producir, máxime cuando, por falta de dispositivos y de medios de seguridad privada, todo el coste ocasionado en las intervenciones de los servicios del 112 (Fuerzas de Orden Público, ambulancias, médicos, bomberos, protección Civil, etc) son sufragados con dinero público» y que también este centro ha recibido dinero público para llevar a cabo su ampliación, apostilló también el portavoz de CUI. 

Empresa.

Fuentes de la empresa consultadas por este periódico indicaron que el incendio se produjo a consecuencia «de una colilla que quedó encendida» y que precisamente fue «la correcta y ágil aplicación del protocolo de actuación establecido, por parte de los trabajadores presentes, lo que hizo innecesaria la intervención de los equipos de emergencia. Cuando los bomberos llegaron la situación estaba ya controlada». En cuanto a los vigilantes de seguridad las mismas fuentes indicaron que «el centro tiene personal preparado para ejercer las labores de seguridad pertinentes. Se trata de personal propio, sin uniforme, que conoce a cada uno de los residentes ya que el centro es su casa, no una cárcel».

En cuanto al personal que trabaja en el centro la empresa dijo que «el ratio de personal lo marca la Junta de Castilla y León y estamos por encima de lo establecido» y que en estos momentos están en el centro más de 150 trabajadores.

Sobre los trabajadores que se encuentran de baja en estos momentos las mismas fuentes aclararon que «en ningún caso el motivo de los trabajadores que están de baja es por agresión o por vivir situaciones de riesgo ejerciendo su labor».