Con los votos en contra de Partido Popular, Ciudadanos y las abstenciones de Por Ávila y Vox, el pleno de las Cortes tumbó ayer una moción del Grupo Socialista sobre regeneración democrática en la que se contempla la supresión de los aforamientos tanto de los procuradores como del ejecutivo, así como la limitación de mandatos de los cargos del ejecutivo a un período máximo de ocho años tanto del presidente como de los miembros de la Junta.
Mientras la procuradora socialista Alicia Palomo acusó a Ciudadanos de “apuntalar” la corrupción del PP con el pacto de gobierno, desde la bancada ‘popular’ y desde Cs lamentaron la “hipocresía” del PSOE, al que reclamaron que traslade la moción el Gobierno de Pedro Sánchez.
En el texto también se pedía agilizar los trámites para la puesta en marcha de la oficina para la lucha contra el fraude y la corrupción, aumentar el número de inspectores para la lucha contra el fraude fiscal; la reducción la administración paralela de la Junta, eliminando todos los organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones dependientes de la Junta y apartar del gobierno y cesar como alto cargo a aquellas personas que hayan sido responsables de un proceso fraudulento en la gestión y desarrollo de un proceso de primarias, entre otros puntos.
En materia de transparencia, se planteaba promover antes de que finalice el año la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, “con el propósito fundamental de establecer criterios objetivos para el gasto en publicidad institucional. También se contemplaba publicar la declaración de IRPF de todos los procuradores así como de los miembros del ejecutivo y la publicación de todos los viajes de los altos cargos de la Junta de Castilla y León de la misma manera que los del presidente y los consejeros.
Podemos apoyó la moción y se mostró convencido del voto en contra del PP, “dado que sería luchar contra su propia naturaleza”, y recalcó los numerosos casos de corrupción en los que están implicados los ‘populares’. Además de Podemos, la moción también fue apoyada por el representante de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, y por la procuradora no adscrita María Montero.
Por su parte, la ‘popular’ Amparo Vidal, calificó la moción de “broma pesada” cuando viene de un partido que en el Gobierno ha incrementado en un 41 por ciento el número de altos cargos. Además, también recordó que muchas medidas ya están puestas en marcha y recordó que el pasado mes de marzo el PSOE votó en contra de una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. Vidal también criticó la “hipocresía” del PSOE y presentó una enmienda en la que solicitaba que las mismas medidas se aplicara en el Gobierno central.
Mientras tanto, desde Ciudadanos, Delia Negrete también recordó el voto en contra del PSOE para reformar el Estatuto y acabar con los aforamientos y se preguntó si la limitación de mandatos era para echar del Ayuntamiento de Valladolid a Óscar Puente. Además, también reclamo que el Gobierno de Pedro Sánchez se aplique las mismas medidas.
Por su parte, Alicia Palomo se refirió a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior como el mayor “chiringuito” creado por la Junta y puesto al servicio del vicepresidente, Francisco Igea, a la vez que acusó a PP y Cs de ser “la antítesis de la regeneración democrática”.
Durante el debate también acusó a la Junta de no haber dado ni un solo paso en materia de regeneración, dado que la “corrupción sigue campando a sus anchas”, y argumentó que el PSOE reclama una reforma del Estatuto de Autonomía más profunda y que también incluya el establecimiento de un suelo social.