Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, desde el primer Artículo de la Constitución, propugna (defiende, ampara, en sabio diccionario de nuestra Lengua Española) como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Nos dicen los grandes  profesores que el Estado, en una democracia real, es necesario para asegurar la real continuidad de la comunidad de ciudadanos, por encima de toda cosa adversa o desgracia que nos pueda jorobar, inquietar ante la inflación y control de las hipotecas, sin hinchar las narices ni generar inquietud en las cosas del poder  ni en las del llegar a fin de mes.
Dispone el  artículo 3º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ninguna corporación ni individuo pueden ejercer autoridad que no emane de ella expresamente.
La vida real, no de papel y arengas para enardecer los ánimos de los oyentes, a) necesita que la sociedad civil cuente con las fuerzas necesarias para seguir defendiendo lo nuestro, que nuestra convivencia democrática cuente siempre con la fuerza de la soberanía; b) que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado; c) que el Estado es necesario y nuestra Constitución del Consenso sigue estando por encima de los gobiernos y opciones políticas, que como se ve funciona y sigue adelante; d) sumen su aportación en estas cosas ante la realidad de cada día en la convivencia que ampara el Estado de las Autonomías, de todos y para todos.
Somos dueños de nuestra dignidad humana, en nuestro espacio vital que sigue adelante, tras las experiencias en la sucesión de gobiernos que cuanta con la misma Constitución, avalada ya tras más de cuarenta años demostrando que somos capaces de seguir con el sentido común y hasta político, para que la realidad de cada mañana se inicie en convivencia sin sobresaltos autoritarios, en el respeto de la ley en la realidad de cada día.
El Estado es necesario para que la sucesión de gobiernos y gobernantes siga con el compromiso, o promesa, con la Nación española, sin inquietar a nadie en la igualdad de derechos, en todo el territorio de la Nación que es de todos en propiedad soberana. Un Estado Social y Democrático de Derecho es necesario en nuestro tiempo de convivencia, enriquecerlo en valores humanos y sociales, derechos y obligaciones amparados por la Ley y el Derecho, para dejarlo en herencia de las nuevas generaciones que ya patearán sobre su propio territorio. 
La comunidad política que no necesita ir de las manos de doctrinarios del poder iluminados por su visión exclusiva, de su modelo de sociedad, ideologizada y que pueda impregnar la realidad de cada día, en su historia oficial y exclusión de lo que no sea su cultura en su realidad de cada día; el Estado Autonómico, experimentado en la historia real, y sagaz, en sabio diccionario de nuestra Real Academia de la Lengua (R.A.E.), y sagaz (astuto y prudente, que prevé y previene las cosas) previsión de nuestros sabios constituyentes del consenso, y el fruto  constitucional que  nos pertenece en la igualdad constitucional que no contempla parcelas excluyentes de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La constitución nos organiza la vida, y recoge el manual de instrucciones para garantizar la convivencia, en la historia real y común sin que sea necesario olvidarla para no repetir errores doctrinarios, ni las herejías políticas que van resurgiendo cuando se debilita la fuerza de la Constitución, se va contra la división de los poderes (clásicos) legislativo, ejecutivo y judicial, y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Tenemos la presencia del Tribunal Constitucional, la división de poderes en inteligente compromiso con la paz social, y en la práctica diaria recordemos que  La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.