Los jóvenes y el medio rural serán los principales destinatarios de los 190 millones de euros que la Consejería de Medio Ambiente movilice el próximo año en materia de vivienda. Una cuantía que el responsable del departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, puso ayer en valor durante su comparecencia ante las Comisión de Economía para explicar el presupuesto de su área, que contará con un total de 823,63 millones, lo que supone un incremento del 60,34 %. Explicó así que se marca como reto incrementar el parque público de alquiler, para lo que contempla la compra de 50 viviendas, principalmente de Sareb, pero también la rehabilitación de otras 232 propiedad de la Administración autonómico. Además, otros dos millones se destinarán a una línea de avales de hasta el 17,5% de la hipoteca para facilitar a los jóvenes la compra de vivienda.
En concreto, el área de vivienda contará en 2023 con una dotación de 189 millones, donde las ayudas al alquiler ordinarias estarán dotadas con 28 millones y 15 serán para la convocatoria del Bono Alquiler Joven. Además, el consejero puso el acento en el incremento del Parque Público de Viviendas (especialmente el de alquiler), a lo que se destinará un total de 71,13 millones.
Siguiendo con este ámbito, avanzó que la Consejería contempla construir 1.000 viviendas en 13 promociones, con una inversión total prevista de 115 millones, por parte de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León. Igualmente, se destinarán 2,9 millones a la adquisición de viviendas por la Junta para su posterior incorporación al parque público, por un plazo mínimo de 50 años, para lo cual priorizarán las que sean propiedad de la Sareb.
Suárez-Quiñones quiso detenerse en la mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 35 años como principal novedad de la convocatoria para 2023, que alcanzarán hasta el 60% de las rentas de alquiler anual (frente al 50% de la pasada convocatoria). Una ayuda que se elevarán hasta el 75% cuando los jóvenes residan en municipios de menos de 10.000 habitantes. «Una mejora que adopta la Junta con presupuesto propio y que demuestra nuestra apuesta por generar oportunidades reales que hagan de nuestros pueblos un lugar atractivo».
Transición energética
Pasando ya al área de Medio Ambiente, el responsable del departamento significó que contemplan lanzarse al desarrollo de proyectos de biogás e hidrógeno verde para avanzar en la transición energética. En total, en materia de energías renovables se invertirán 48,9 millones el próximo año y se abrirán nuevos ámbitos de actuación con otras fuentes, fomentando la hibridación de tecnologías como fórmula para optimizar resultados. Además, indicó que el Somacyl invertirá en esta legislatura 133 millones en el desarrollo de la biomasa, lo que permitirá instalar 140 kilómetros de nuevas redes de calor. Respecto a la depuración de aguas residuales, se contemplan 84,5 millones para terminar obras en marcha; y otros dos irán destinados a proyectos tractores para la dinamización demográfica.
Por último, recordó que el operativo contra incendios forestales dispondrá el próximo año de 24,12 millones más, lo que supondrá un total de 75,62 millones, con lo que consideró se da cumplimiento al acuerdo del Diálogo Social en 2023.
Críticas por el «absurdo negacionismo» del cambio climático de una Consejería «fake»
La oposición del PSOE, Soria YA y Unidas Podemos no validaron las cuentas de la Consejería «fake» de Medio Ambiente por verse condicionada por el «fanatismo absurdo» de negar el cambio climático, no tener en cuenta la Agenda 2030 y por convertir a su departamento en un gestor de fondos en materia de vivienda, pese a tener las competencias. Un ataque el consejero negó cifrando en más de 400 millones las partidas que responden al «compromiso» contra el cambio climático, y enumeró las políticas de rehabilitación edificatoria, de construcción de viviendas de consumo cero, de depuración de aguas, de eliminación de vertederos o de transición energética.
Ante de esto, el socialista José Luis Vázquez aseguró que el consejero carece desde hace meses de «legitimación y dignidad» para gestionar su departamento porque a su juicio fue «innoble» al no dimitir tras los incendios de este verano.
Afeó también las consecuencias de no aludir en los 5.800 folios de los presupuestos a la Agenda 2030, una cuestión que «además de ser una provocación», ponen en riesgo, a su juicio, la llegada de los fondos Next Generation, ya que recordó es su «piedra angular». «Propaganda y mentiras», apostilló el socialista.
Por su parte, el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández cargó contra la gestión de una consejería «fake» con la que el «medio ambiente continuará arrinconado» y en la que se «desprecian» las políticas de vivienda y el territorio, que señaló seguirá «desordenado». En última instancia, Antonio Palomar (Soria Ya) denunció «carencias» en las infraestructuras de sostenibilidad ambiental dentro de las cuentas del departamento.