Tras el fiasco protagonizado el pasado martes en la Cámara de los Comunes, donde los diputados británicos tumbaron en masa su acuerdo del Brexit, la primera ministra, Theresa May, tuvo ayer otra oportunidad para intentar recabar apoyos con un plan B. Eso sí, más que una alternativa al pacto frustrado hace hoy una semana, fue una declaración de intenciones de la premier ante los parlamentarios, que deberán ratificar el nuevo programa del Gobierno el próximo 29 de enero. 

Por encima de todo, la mandataria insistió en rechazar la convocatoria de un segundo referéndum sobre la salida de la UE y afirmó que espera volver a abordar con Bruselas la controvertida salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte, principal escollo para recabar respaldos.

«En las próximas semanas, seguiré hablando con mis colegas, incluido el DUP, para considerar cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones con la gente de Irlanda del Norte e Irlanda de una forma que podamos obtener el mayor apoyo en el Parlamento», relató. «Después, llevaré las conclusiones de ese diálogo de vuelta a la Unión Europea», agregó.

Al exponer los pasos que planea seguir a partir de ahora, argumentó en contra de la convocatoria de una nueva consulta sobre la permanencia, al considerar que dañaría la «cohesión social».

«Tengo miedo de que un segundo referéndum sentaría un difícil precedente, que podría tener implicaciones significativas sobre cómo manejamos los plebiscitos en este país», sostuvo May, quien advirtió de que ese escenario requeriría, además, extender el plazo de salida del bloque comunitario más allá del 29 de marzo.

A ese respecto, adelantó que Bruselas no aceptará un retraso si no hay expectativas de que el Parlamento británico pueda aprobar un acuerdo y pidió consenso de cara a la votación del próximo martes.

Una de las pocas medidas que anunció fue la eliminación de la tasa de 65 libras (unos 73 euros) que cuesta a los comunitarios pedir el estatus de asentado para quedarse en el Reino Unido después del divorcio. En un aparente guiño a las autoridades europeas, de la que busca nuevas «garantías», la premier anunció la cancelación de dicho tributo, subrayando que el dinero no puede ser una barrera para garantizarse la residencia. 

trabajar juntos. La mandataria explicó que sigue «explorando» con otros diputados «varias opciones» para superar las actuales suspicacias sobre el acuerdo, cuyas líneas esenciales mantuvo, y llamó al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, a sumarse a las negociaciones. «Dada la importancia de este asunto, todos deberíamos estar dispuestos a trabajar juntos», incidió.

Sin embargo, Corbyn cargó contra unas «conversaciones falsas» que, en su opinión, no se han traducido en ningún avance y tildó de «teatro» la comparecencia de la tory.