Los bolsonaristas no tiran la toalla tras el fallido asalto del pasado domingo a las sedes de las principales instituciones de Brasil. Y, con la amenaza de que los radicales vuelvan a intentar llevar a cabo nuevos ataques a la democracia, el Gobierno decidió ayer reforzar la seguridad del país para evitar que el caos se reproduzca en las calles.

«Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, adoptamos una posición de precaución en torno a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país», anunció el ministro de la Presidencia, Rui Costa.

Y es que, a pesar de que aún siguen detenidas más de 700 personas por los actos vandálicos del pasado domingo, los ultraderechistas mantienen el pulso y han convocado nuevas concentraciones «por la recuperación del poder», ya que no reconocen la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de octubre y abogan por un golpe de Estado para derrocarlo. 

Por eso mismo, el Supremo ordenó a las autoridades de todo el país impedir el bloqueo de cualquier vía, carretera o acceso a entidades públicas y arrestar a quien intente alguna de estas acciones. También determinó que se impongan multas de hasta 100.000 reales -unos 18.000 euros- a quienes promuevan movilizaciones similares a las del pasado domingo o a quienes ofrezcan apoyo logístico y financiero a las protestas.

De hecho, la Policía está ya estrechando el cerco sobre aquellos que pudieron sufragar la última intentona golpista. Empresarios, coleccionadores de armas y amigos de políticos ultraderechistas están en el punto de mira de las autoridades y ya se ha arrestado a varias personas por este motivo. 

Las Fuerzas de Seguridad indicaron que mantienen a más de 700 personas detenidas por su presunta participación directa en esa asonada, pero insistieron en que aún falta por descubrir «quiénes financiaron la llegada a Brasilia» de miles de bolsonaristas y «si hubo una omisión deliberada» de los responsables de seguridad que permitió a los extremistas sembrar el caos durante cuatro horas en la capital.

«Todo apunta a que fue una acción orquestada», señalaron fuentes de la investigación. «No vamos a dar tregua hasta descubrir a los responsables que financiaron la invasión y destrucción» de las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo, apuntó, por su lado, Lula, que insistió en que hubo «connivencia» de los manifestantes y los agentes que tenían que repeler el ataque.

Ayuda del ejército

De hecho, uno de los detenidos por su participación en el asalto al palacio de Planalto afirmó que algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Brasil intentaron ayudarles a escapar del edificio antes de que fueran arrestados. El hombre, que llegó a Brasilia desde Santa Catarina con otras 48 personas para «protestar contra la corrupción y la falta de transparencia en los procesos electorales», según declaró, puntualizó que «ni siquiera» pagó el viaje hasta la capital y que el traslado fue «costeado mediante donaciones realizadas por la población» de su ciudad.

Asimismo, relató que un comandante del Ejército instó a la turba que tomó la sede presidencial a «utilizar una salida de emergencia» poco antes de que las tropas de la Policía Militar llegaran a la zona para llevar a cabo los arrestos.

Por todo ello, el Gobierno prorrogó la presencia durante 10 días más de la Fuerza Nacional para proteger Brasilia de nuevos ataques por la desconfianza en los agentes de la Policía regional, lo que llevó al Ejecutivo a retirar del cargo al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y a su responsable de seguridad, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia con Bolsonaro.

Precisamente, las autoridades brasileñas ordenaron la detención de Torres y de un excomandante de la Policía Militar, Fábio Augusto Vieira, al considerar que pudieron ser instigadores del intento golpista y por delitos de «omisión dolosa» en el asalto, algo que, a juicio de la Justicia, pudo poner en peligro la vida del presidente del país, de los ministros y de los parlamentarios.

El propio Torres, que se encontraba en EEUU, anunció que interrumpirá sus «vacaciones» y «regresaré a Brasil. Me presentaré ante la Justicia y cuidaré mi defensa».

«Siempre planeé mis acciones por la ética y por la legalidad. Creo en la Justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá», zanjó el exdirigente.