No suelen ser habituales las protestas y huelgas en Ávila. La masa es insuficiente para que la presión resulte y el carácter abulense más que reivindicativo es conformista hasta en las medidas de sus protestas. Una actitud general que ha hecho que las cosas de Ávila estén como están y que tampoco los actuales dirigentes de la ciudad han conseguido ni encauzar, ni revertir ya que prefieren refugiarse en echar la culpa a los de antes, mirar hacia otro lado y pensar que son infalibles ante los acontecimientos presentes.
En las últimas semanas Correos, ITV y el transporte urbano han convocado paros y protestas. No son servicios esenciales, aunque sí indispensables, si bien su inactividad no se ha notado en gran medida en la marcha de la Capital. Cuestiones salariales de los trabajadores a las que se añaden otras relacionadas con las condiciones laborales centran las quejas. De los tres ámbitos en que se están dando los paros el más novedoso y cercano por ser el más local es el del transporte colectivo.
Dos impresiones iniciales después de quince días. La circulación en Ávila parece mucho más fluida sin los vetustos 'monstruos azules' ocupando unas calles (doble calzada de circulación, sin carril bus y casi nulas isletas para las paradas) que no están adaptadas para este tipo de vehículos que obstaculizan la circulación. La segunda percepción es que no habiendo excesivas protestas de los clientes que hayan colapsado las calles, ni las redes sociales, quizás haya que preguntarse si este servicio debe seguir prestándose. Seguro que debe prestarse (obligatorio por ley para ciudades de más de 50.000 hb.), pero es momento de plantearse si no debe hacerse de otra manera (vehículos más pequeños o solo líneas circulares) y combinado con otros modos y agentes (taxis o VTC). Todo ello debería estar, ya, previsto en un ambicioso plan estratégico de movilidad urbana (nuevos aparcamientos subterráneos incluidos).
Informes municipales a parte –sometidos a cualquier otro dictamen mejor fundado en derecho–, la concesión del transporte urbano está fuera de toda prórroga y lógica. Esta situación me  genera un amplio interrogante sobre si la huelga, que puede llegar a ser un paro total, es solo de trabajadores o amparada desde la propia empresa para mejorar su posición, tanto ahora que es una mera prestación de servicios –anticompetitiva– que el Ayuntamiento tiene que pagar en base a unos cánones discutibles en concepto y precios, como para poder garantizarse una mejor posición en el futuro pliego de contratación (el equipo de gobierno municipal de manera extraña, caprichosa e infundada  ha acordado externalizar su redacción a una empresa privada), para una licitación pública que lleva tres años de retraso y los que aún quedan.  
El alcalde y su equipo han venido afirmado que al ser un conflicto interno (empresa-trabajadores) no deben intervenir. Dos semanas de paros y parece que ahora sí, el regidor se va a reunir con las partes por separado –contradictorio–. Un escenario que, sin duda, si la huelga termina –todo termina–, aprovechará para aparecer en su habitual propaganda (ha iniciado ya su campaña electoral) como salvador de una crisis que pudo evitar mucho antes licitando hace tres años la nueva concesión, en un episodio más de inoperante gestión de los servicios públicos. El resultado es conocido, incremento del gasto municipal que pagaran los ciudadanos y que no asegura un servicio ni eficaz, ni eficiente.