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El CES detecta falta de concreción de la nueva ley residencial

SPC
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El informe previo del Consejo Económico y Social considera que el nuevo modelo debe contar con "mayores, suficientes y adecuados" apoyos a las residencias y centros de día para acometer la transformación "requerida"

El CES detecta falta de concreción de la nueva ley residencial - Foto: Clara Larrea

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha detectado falta de definición de conceptos y de concreción en "muchos" aspectos del anteproyecto de ley del modelo de atención residencial que deja al desarrollo reglamentario, dando lugar a "ambigüedades" e interpretaciones "confusas", lo que genera inseguridad jurídica. Entre otros asuntos, citó la dotación de profesionales específica de cada centro y las ratios mínimas, el número máximo de personas usuarias asignadas a un gestor de caso, los procedimientos de autorización, inscripción y acreditación de centros y servicios, la cartera de servicios de carácter básico o el plan de contingencias. Además, subrayó que la adaptación del nuevo modelo planteado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para los cuidados de largo duración debe ir acompasado de "mayores, suficientes y adecuados" apoyos a las residencias y centros de día para que puedan acometer la transformación "requerida".

El informe previo del CES sobre el anteproyecto de ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, que llegará a las Cortes a principios de 2023 para iniciar su tramitación parlamentaria, destacó que la atención sanitaria en los propios centros no debe ser una "opción", por lo que defendió que se mantenga lo que determina la regulación vigente en la materia. En este sentido, consideró "imprescindible" establecer un modelo de coordinación sociosanitaria que garantice la atención integral de las personas en situación de dependencia mediante la continuidad de los diferentes niveles de atención y cuidado que cada ámbito ofrece.

Ello requiere, según el Consejo Económico y Social, un refuerzo y reorganización previa del sistema público de salud pues, de lo contrario, es "fácilmente imaginable" que haya tensiones en el sistema que lleven a un "desbordamiento" de ese primer nivel y se deterioren o se dificulten "seriamente" las posibilidades de atención de este sistema. A continuación, reclamó elaborar un catálogo de prestaciones que conecte e integre los respectivos catálogos tanto del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como del sistema público de salud y establecer los correspondientes protocolos de coordinación. Un modelo que, a juicio del CES, evitará las duplicidades, garantizará la eficiencia y mejorará la suficiencia de los recursos.

Mejores condiciones laborales

Además, el informe, consultado por la Agencia Ical, recoge la conveniencia de contar con un estudio previo en materia de acceso para no dejar a ninguna zona de la Comunidad sin recursos de cuidados de larga duración sin necesidad de que la persona mayor o dependiente abandone su entorno familiar y social. Otra de las conclusiones del CES es poner el énfasis en los cuidadores, que pasa por la calidad en el empleo y la consideración social de su trabajo. Por ello, demandó una mejora, con la "mayor brevedad", de las condiciones laborales. "Los trabajadores son un pilar fundamental en el nuevo modelo", sentenció.

Tras reconocer que el número de personas mayores y dependientes continuará en aumento, alertó de la falta de profesionales para prestar estos servicios y apostó por "prestigiar" el sector, que el Consejo Económico y Social considera pasa una inversión en formación de todo el personal.

"Equilibrar" plazas públicas y privadas

El CES tampoco se olvida de una de las viejas reivindicaciones del Diálogo Social como es "equilibrar" el volumen de plazas de atención de carácter público con las privadas. También considera necesario incrementar, de manera "prioritaria", las plazas de unidades de convalecencia sociosanitaria en las residencias públicas de todas las provincias. Citó, por ejemplo, que en 2023 haya las pactadas en el Diálogo Social para incrementar el número en función de las necesidades detectadas por el sistema sanitario. Para ello, abogó por impulsar el concierto de plazas sociosanitarias y acompasar los precios de los conciertos y de la prestación vinculada actuales al nuevo modelo. De esta manera, se verían beneficiados los usuarios y los trabajadores. Además, consideró "imprescindible" el apoyo a los centros en la digitalización, sobre todos los situados en las zonas rurales para que cuenten con redes, equipos y cobertura adecuada.

El documento concluye con la exposición de motivos de la Consejería para cambiar el paradigma de atención a las personas y acomodar el sistema de residencias y centros de día a un modelo que ponga en primer plano a la persona, respetando sus capacidades y decisiones. En este sentido, el CES abogó por una atención basada en modelos de vida independiente, que posibilite proyectos de vidas "elegidas", donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir como que puedan seguir viviendo en sus domicilios, si lo desean.

Por último, el CES reconoció, según Ical, que el anteproyecto de ley supone una modificación "sustancial" del modelo de atención y de las estructuras arquitectónicas, lo que implica un cambio "importante" en las formas de organización y desarrollo del trabajo, por lo que será necesario evaluarlo y medir su impacto en el marco del Diálogo Social, a través de una mesa de seguimiento con los agentes económicos y sociales. "El texto que se informamos hace convivir dos escenarios distintos, sin estar claramente definidos en su totalidad. Y ello, podría generar diferencias y competencia desigual entre ambas modalidades, además de generar diferencias también en la calidad de atención", precisó.