El PP se reunió este viernes desde la ciudad de Ávila, vía telemática y bajo la dirección de su vicesecretario general Antonio González Terol, con los presidentes de las diputación que su partido tiene en toda España, con el objetivo de abordar conjuntamente las necesidades de financiación que tienen las entidades locales, un acto que se convirtió también en una reivindicación de medidas eficaces al Gobierno y en el que también participaron los presidentes de las diputaciones de Ávila, Segovia y Palencia, Carlos García, Miguel Ángel de Vicente y Ángeles Armisén, respectivamente, que a su vez son los presidentes del partido en sus respectivas provincias.
Lo primero que denunció González Terol, tras afirmar que «Castilla y León es el corazón del municipalismo del PP», ya que de los 2.248 ayuntamientos existentes «más de 1.600 son gobernados por nuestro partido», es que «la financiación de ayuntamientos y diputaciones en el conjunto de España está en riesgo gracias a la inacción del Gobierno de España», especialmente visible, aseguró, en su falta de respuesta a la reciente eliminación del impuesto de plusvalía por parte del Tribunal Constitucional.
La eliminación de ese impuesto, siguió el vicesecretario del PP, supondrá «un menoscabo en las cuentas públicas municipales de entre el 6 y el 17% de los ingresos corrientes», un problema «enorme» para los ayuntamientos que afirmó que podría haberse evitado si el Gobierno de Sánchez hubiese previsto esa contingencia, que llega tras dos sentencias anteriores en el mismo sentido y que «sí recibió respuesta por parte del gobierno de Rajoy con un proyecto alternativo y para bajar sustancialmente el tributo que iban a pagar los ciudadanos a partir de entonces, pero que con la moción de censura y las elecciones quedó en la nada».
Tras denunciar de nuevo la «inacción del gobierno con el asunto de la eliminación del impuesto de plusvalía», aseguró el dirigente 'popular' que «queremos ya una norma que dé seguridad jurídica a los ayuntamientos, pero hoy ya es un problema en la recaudación municipal y, por tanto, en la prestación de servicios públicos municipales la suspensión de este tributo», merma ante la cual, añadió, «exigimos un fondo de compensación por valor de hasta el menos el límite de lo que se recaudó el último año del que conocemos cifras, que fueron 2.300 millones en 2019, para compensar la caída de financiación que van a tener los ayuntamientos por esa sentencia del Constitucional», un problema cuya solución «se podía haber previsto».
Insistiendo en el mismo asunto, dijo González Terol refiriéndose al gobierno de Pedro Sánchez que «si quieren cogobierno con las entidades locales que den financiación a los ayuntamientos de todo signo político», algo muy necesario porque «si no queremos dejar a los ciudadanos atrás hay que ayudar a los ayuntamientos para que a su vez puedan ayudar a la gente que más lo necesita»; pero eso no ocurre ahora mismo, dijo reforzando su crítica, porque «vinieron diciendo que no iban a dejar a nadie atrás, y a este paso no van a dejar a nadie en pie».
De cara a los presupuestos generales del Estado del año próximo, comentó el dirigente del PP que «pedimos, además de un apoyo real a los ayuntamientos, un fondo covid, ayudas para los consorcios púbicos de transporte y un 15% de los fondos europeos», porcentaje que tiene su explicación en que «lo que invierten los más de 8.000 ayuntamientos de nuestro país supone el 15% de lo que se gastan todas las administraciones públicas en España en servicios públicos, y por tanto pedimos reciprocidad y que reciban en proporción esos fondos europeos».
Además, siguió, «vamos a pedir otras cosas, como la lucha contra la ocupación de viviendas con medidas que las endurezcan, que haya procedimientos ágiles para la desocupación y que se dé poder a los ayuntamientos para actuar en ese sentido» y respuestas «a los problemas de transporte ferroviario que tienen esta provincia y esta región».
A modo de resumen dijo que «apostamos por unos presupuestos reales, pero estos nacen muertos porque las previsiones de crecimiento de España son falsas y van a acrecentar los problemas de déficit y de deuda pública. Nosotros apostamos por bajar los impuestos, suprimir los de patrimonio y sucesiones, bajar el IRPF y el impuesto de sociedades, porque cuando bajemos los impuestos los ciudadanos tendrán mayor capacidad de comprar, y el consumo y la inversión crecerán».
minar servicios. De igual manera se expresó Carlos García, presidente del PP abulense, cuando afirmó que «la eliminación del impuesto de plusvalía va a minar de forma directa los servicios que deben prestar todos y cada uno de los ayuntamientos del país; una vez más el gobierno socialista da la espalda a las entidades locales», algo que, lamentó, «no es nada nuevo, tal y como hemos podido comprobar durante la pandemia».