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Emilio García

Desde el mirador

Emilio García


Lo necesario como prioridad

29/04/2022

A la mayoría de españoles nos sorprende que lo que vemos como algo natural, de sentido común, nuestro gobernantes no lo vean; nos asombra que sigan dando la espalda a la realidad.
La situación económica, social, política y cultural de España exige soluciones, poner en marcha los mecanismos de gestión básicos para que no tengamos que apretarnos el cinturón. Los nubarrones que se asomaban por el horizonte hace un año, ya están encima de nuestras cabezas. Los meteorólogos políticos no quisieron ver lo que estaba por llegar y cuando quisieron reaccionar, ya era tarde.
Ya he comentado en otros momentos que la cultura del ahorro y del trabajo deben formar parte del ADN de España, en la misma línea que una familia aplica un criterio básico, de elemental supervivencia, cada día de su vida.
No salgo de mi asombro que el presidente Sánchez y su partido -o sea, él mismo- hayan presentado en el Congreso la demanda de una "evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado (AGE)". Busca saber exactamente qué se está haciendo con el dinero de los españoles y si todos los gastos están justificados. En fin, que volvemos a marear la perdiz, porque que la AGE está tirando nuestro dinero por la alcantarilla es un hecho constatable; no hacen falta estudios ni perder el tiempo en valoraciones que vemos todos los días.
Si realmente el presidente quiere eliminar gastos que empiece por su casa: sobran ministros, asesores, etc., y así hasta llegar al último rincón público de la administración regional, provincial y local. El millón de personal público que ha sido elegido a dedo, sobra; nos bastan los dos millones de funcionarios existentes.
Se confirma que no está por la labor cuando el PSOE madrileño se está pensando el apoyar la iniciativa –impulsada por PP y Vox– de rebajar diputados en la Asamblea regional, algo que habría que acometer con urgencia en todos los organismos legislativos nacionales y regionales. Estoy convencido de que los resultados de la reducción no afectarían para nada a la gestión que hay que llevar de España. Si de lo que se trata es de ahorrar hay que pensar en la productividad de los recursos que se tienen para impulsar la vida de los españoles. (En esta línea quizá cabe plantearse seriamente la existencia de las televisiones públicas y si realmente cumplen su función).
Vuelvo a insistir en el dispendio que suponen las millonadas que se nos van en subvenciones que solo sirven para mantener chiringuitos. Tengo muy claro que de la mayoría de las iniciativa sociales las debe poner en marcha el Estado porque son de su competencia. Cuando éste no llega hasta a toda la sociedad es cuando, y con un control riguroso, debe acudir a instituciones que han confirmado que por su trayectoria están capacitadas para asumir ese compromiso; y todo sin demagogia y sin ideología.
Lo que no se puede es tirar el dinero en campañas e iniciativas que no llegan a ninguna parte (véase el despilfarro en el ministerio de Igualdad, el bono cultural joven, etc.), malgastar en alquileres de edificios cuando la AGE dispone de un parque inmobiliario sorprendente, asumir los gastos de sedes sindicales o de academias varias, mantener un parque móvil a todas luces innecesario (¿Para cuándo aceptarán los poderes públicos que deben comportarse como un ciudadano normal que es quien le paga su sueldo?) y repartir sin límite el dinero que hay que aplicar en otros sectores.
Las prioridades de España están claras y todos los ciudadanos las vemos a diario. No somos nosotros los que tenemos que gestionar la hucha que ponemos en manos de los diversos gobiernos. Nuestros impuestos, ajustados y razonables, deben permitir que la economía de nuestro hogar nacional funcione adecuadamente, que no tengamos más gastos que ingresos y que si, en algún momento, es obligada una derrama lo aceptemos como algo propio del desarrollo de nuestro estado social, derrama que siempre tendrá una limitación temporal.
Para poner en marcha iniciativas y gestionar los fondos de todos los españoles, no se necesitan estudios y evaluaciones. La clase política debe legitimarse en sus decisiones, cosa que no está haciendo.