La bajada del primer tramo autonómico del IRPF anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no será inmediata y el Ejecutivo regional confía en que esté aprobada a lo largo de este año. Fue durante la sesión de investidura cuando el ya elegido presidente autonómico avanzó que llevaría a cabo una «revolución fiscal» en la Comunidad, y detalló que una de las primeras medidas sería la bajada del IRPF «para todos los contribuyentes», algo más de un millón en Castilla y León. No obstante, esta decisión no será inminente dado que no puede ser aprobada por Decreto-Ley y tendrá que seguir el trámite de Proyecto de Ley, tal y como detalló el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras la última reunión del Consejo de Gobierno antes de que el próximo miércoles tomen posesión los nuevos miembros del Ejecutivo regional. La tramitación «se pondrá en marcha con carácter inmediato», destacó el también titular de Economía y Hacienda en funciones, que recordó que tendrá que seguir todos los cauces legales y será sometido a información pública.
Una medida que afectará, según Carriedo, a «todos los contribuyentes con IRPF» de la Comunidad, que cifró en un millón de personas, aunque no se quiso aventurar en el impacto real que tendrá sobre las familias, y lo dejó en manos del próximo Ejecutivo regional, del que no desveló si formará parte o no. «Esto lo tendrá que decir el próximo Gobierno en función de el tipo de gravamen que se aplica, que en todo caso será más reducido que el anterior», expuso.
Sí que avanzó que el próximo jueves, durante el primer Consejo de Gobierno de la nueva Junta habrá «aprobaciones concretas» relativas al plan anticrisis anunciado por Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de investidura del lunes. Sin embargo, no quiso establecer cuáles serán esas aprobaciones concretas ya que «lo tendrá que decir el próximo gobierno», pero sí adelantó que la idea del presidente de la Junta es «que la primera o una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno sea aprobar el plan anticrisis».
Un plan que, como recordó, contará con más de 400 millones de euros y un conjunto de medidas que va desde la bajada de impuestos hasta el apoyo a los sectores productivos de la Comunidad que estén atravesando «grandes dificultades». El plan también incluye partidas de apoyo a las familias y la idea, reiteró Carriedo, es que sea «la primera cosa que hagamos, o haga, el próximo Gobierno».
Detalló por otra parte que a la financiación del Plan anticrisis se dedicarán parte de los 190 millones del IVA de 2017 que el Gobierno tuvo que devolver a la Junta como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a la argumentación del Ejecutivo autonómico. «Una parte de estos fondos se destinará al plan anticrisis y otra, en este ejercicio, a distintas iniciativas», esgrimió.
Presupuesto autonómico
También emplazó al nuevo Gobierno autonómico la decisión de elaborar o no unos Presupuestos autonómicos este año o, si bien, se espera ya a tramitar los del año 2023. «Sí puedo garantizar que, con las actuaciones desarrolladas para la prórroga y la ampliación de créditos, Castilla y León ha funcionado con normalidad y no ha renunciado a un solo euro», concluyó Fernández Carriedo.