El jurista José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, pasó ayer por Ávila en la gira de presentación de su libro La guerra de los jueces, un trabajo de recopilación de información para luego contrastarla y sacar conclusiones muy autorizadas sobre un asunto que conoce muy bien en el que, entre otras cosas, alerta sobre los riesgos que para la sociedad y para la democracia supone la injerencia de algunos jueces de nuestro país en la esfera política.

Ha elegido para su libro un título contundente, una frase que invita a entrar en él.

Cuando hablo de 'La guerra de los jueces' quiero hacer referencia a una determinada actividad de los jueces en circunstancias concretas y de matiz político, haciendo mío un término que se acuñó en Estados Unidos, donde sus tribunales han participado en decisiones políticas como por ejemplo la elección de Bush frente a Gore, ya que un tribunal fue el que la decidió; también se ha dado esa situación en latinoamérica, donde el caso paradigmático fue el de Evo Morales en Bolivia, que fue un golpe de estado jurídico. Y los norteamericanos, que son muy dados a hacer símiles, acuñaron el término del lawfare, que significa hacer la guerra mediante el derecho, dar golpes de estado blandos, incruentos, igual de efectivos o más que los militares, pero que por lo menos son sangrientos.

¿Y esas injerencias de los jueces tan determinantes son algo habitual o se dan en contadas ocasiones?

En España se están produciendo situaciones verdaderamente preocupantes en ese sentido, especialmente en lo que se refiere a desarticular algunas leyes que tienen una mayoría parlamentaria sólida por parte en algunos casos del Tribunal Constitucional: la inhabilitación de políticos elegidos por voluntad popular mediante un absurdo delito de desobediencia, como en el caso Atutxa, que después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lo ha cargado y ha anulado la sentencia; al margen del tema del procés, la condena de Carmen Forcadell como presidenta de un parlamento elegido por la soberanía popular; la amenaza que hubo contra Meritxell Battet si no le quitaba el acta a Alberto Rodríguez, y algunas excéntricas sentencias de jueces que no serían exactamente lawfare sino una guerra de guerrillas en el tiempo de la pandemia, del tribunal superior del País Vasco. 

Y después quiero destacar otro ejemplo típico de lo que se debe hacer por un tribunal de justicia, que es el caso de la ministra de Asuntos Exteriores González Alaya cuando decidió traer a Brahim Ghali; uno podrá o no estar de acuerdo, y a mí me sorprendió mucho que ahora determinados partidos de la derecha sean prosaharauis, aunque a estas alturas uno ya no se sorprende de nada, pero lo cierto es que afortunadamente la Audiencia de Zaragoza cerró el caso aunque el juez quería a por ella.

Pero esas tentaciones de injerencia se han dado siempre, ¿o no?

Sí, esas tentaciones se han dado siempre, pero yo lo que quiero remarcar es que son actos de política exterior, igual que lo fue la toma de decisión de entrar en la guerra de Irak, y en ninguno de estos casos, esté uno o no de acuerdo, los jueces pueden intervenir... si no es con la intención de hacer una guerra política.

¿Podría decirse, a raíz de todo ello, que la separación de poderes está cada vez más diluida?

En algunos casos concretos hay un intervencionismo judicial en este país que me parece excesivo. Hay que valorar que un representante de la voluntad popular podrá acertar o podrá equivocarse, pero para eso está el parlamento, para plantear una moción de censura, y están los votantes para que valoren si están de acuerdo o no con la decisión, pero los jueces no tenemos nada que decir al respecto.

¿Esas injerencias pueden poner en peligro la democracia?

Por supuesto que sí; esas injerencias pueden suponer un gravísimo riesgo para la democracia si se generalizan y proliferan. Mientras tanto, lo que hay que hacer es denunciarlo y tratar de poner las cosas en su sitio.

¿Todos los partidos tienen esa tentación de utilizar a los jueces para conseguir lo que no logran a través de la política?

No lo sé, yo de lo que estoy hablando es de los jueces. Estamos en un país en el que, por ejemplo, en el caso de la pandemia se han puesto más de 47 querellas y denuncias, unas individuales y otras colectivas, contra el presidente del Gobierno; esto en Europa es inaudito, que miren a Portugal, donde el líder de la oposición dijo al presidente que podía contar con su ayuda. Aquí no, son 47 querellas que el Supremo ha ido rechazando, y algunas las ha mandado a la jurisdicción ordinaria, no las ha secundado. Todo este panorama es preocupante y demuestra unas quiebras alarmantes en la democracia.

¿El futuro podemos verlo con más optimismo en este sentido?

Ya me gustaría a mí acertar en ello. Este es un problema que tienen que analizar en el Consejo del Poder Judicial, si es que alguna vez llega a constituirse, porque es otra grieta peligrosísima para la calidad democrática del país lo que está pasando con el Consejo, y en las propias asociaciones de los jueces, pero creo que ya empiezan algunos sectores de la judicatura a valorarlo.

Desde 1882 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay un artículo que faculta y casi obliga a los jueces a rechazar de plano todas aquellas denuncias y querellas que no tengan una consistencia; no es lo mismo acusar a un político de haber tomado una decisión en el parlamento de tal o cual naturaleza, que acusarle de haber matado a alguien o de haber incurrido en un delito de violencia de género. Cuando la denuncia versa sobre decisiones políticas los jueces las deberían rechazar de plano, y eso no está ocurriendo siempre.

¿Cree que con su libro está consiguiendo visibilizar esa realidad y ayudar a minimizarla?

El objetivo del libro, que ya he presentado en varios sitios y ha tenido alguna repercusión en prensa, es que sirva de algo, con esa intención lo escribí; espero que sirva para eso y que haga reaccionar a todos, a los políticos y a los jueces.