Uno de los grandes problemas que durante los últimos años se han achacado al mercado laboral de Castilla y León ha sido la elevada tasa de temporalidad existente. Una realidad que podría parecer que solo afecta a aquellos empleados del sector privado, pero cuya realidad es mucho más amplia.De hecho, según los datos de la última EPA, correspondiente al tercer trimestre de este año, el número de trabajadores al servicio de las distintas administraciones públicas de la Comunidad que cuentan con un contrato temporal se encuentra en máximos históricos y ya es mayor, incluso, a los que lo tienen en el sector privado. En total, casi uno de cada tres trabajadores públicos (30,8%) sufre la inestabilidad laboral propia de un contrato temporal, la cifra más alta de la historia en el tercer trimestre del año, que dibuja un repunte de casi diez puntos respecto a hace un lustro, cuando apenas pasaba del 21,2%. Traducido a números, 61.100 empleados al servicio de las Administraciones Estatal, autonómica y local tienen un contrato temporal, frente a los 130.000 que poseen uno indefinido.
De esta forma, la temporalidad pública ya supera en cinco puntos a la del sector privado –que registró una tasa del 25,1 por ciento en el tercer trimestre–, y anota la diferencia más alta entre ambos desde el inicio de la crisis, cuando las Administraciones regionales tenían el 27,8 por ciento de temporales frente al 21,6 del sector privado. Como es lógico, el repunte hasta máximos del porcentaje de trabajadores públicos temporales ha llevado a que los indefinidos al servicio de la Administración estén en mínimos históricos. De hecho, por primera vez desde que se inició la crisis el porcentaje ha bajado del 70 por ciento, diez puntos menos que hace cinco años.
Una situación que los sindicatos achacan a la falta de convocatorias de plazas suficientes, a los problemas del sector educativo y al retraso en la renovación de los trabajadores públicos ocasionada por la ausencia de oposiciones durante los años más duros de la crisis. Desde CSIF denuncian que esto «pone de manifiesto las debilidades del sistema, el envejecimiento de las plantillas y la estacionalidad en el empleo que afecta a los servicios que recibe la ciudadanía», y creen que para paliar la situación, al menos a nivel de los trabajadores de la Junta, elEjecutivo regional debería convocar las ofertas de empleo público pendientes de 2017 y 2018 e implantar las 35 horas, ya que «serían unas actuaciones que favorecerían la estabilidad en el empleo de Castilla y León, en los próximos meses».
Desde CCOO reconocen que la temporalidad «sigue siendo uno de los deberes pendientes de las Administraciones Públicas», e insisten en la necesidad de «cerrar los procesos de estabilización en el empleo, recogidos en el del II Acuerdo para la mejora de empleo en las Administraciones públicas suscrito el 9 de marzo de 2018, cuyo objetivo es reducir la tasa de temporalidad al 8% en 2020».
Diferencia entre sexos
La alta temporalidad en el sector público tiene una cara visible: las mujeres. Éstas acaparan siete de cada diez contratos temporales en las Administraciones públicas (41.600), y duplican en número a los hombres (19.500). De hecho, casi el cuarenta por ciento de las mujeres que trabajan al servicio del Estado,Junta, ayuntamientos o diputaciones están en régimen de temporalidad, frente al 22,5 por ciento de los varones. Una diferencia que refleja como las féminas han sido las más castigadas por el aumento de los contratos temporales en la Administración pública, ya que en el caso de los hombres, la tasa pública es inferior a la que existe en el sector privado (24,5%).